El Consell d'Eivissa puso en conocimiento del Ayuntamiento de Sant Josep y de Consumo el presunto fraude que podría producirse en el caso de los 64 estudios de uso comercial que se están comercializando como viviendas de lujo a partir de 900.000 euros en la promoción Vadella 64 y que se levantaron con una licencia municipal de 2003 para hacer 64 estudios comerciales y trasteros en una parcela que no permite el uso residencial sino de equipamientos, según el plan parcial de Cala Vedella.
Cabe recordar que la máxima institución insular llevó a Fiscalía estos hechos y que el procedimiento está en el juzgado número 3 de Ibiza.
Los requerimientos de información y ayuda que hizo la máxima institución insular a Sant Josep para recabar información no fueron contestados, según se extrae de la documentación a la que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera.
Además de poner al corriente a Fiscalía, el departamento de Territori remitió al Ayuntamiento de Sant Josep numerosos escritos sobre las diligencias previas que habían iniciado para investigar en qué situación urbanística estaba esta promoción. El 1 de junio del año pasado, el departamento de Pepa Marí solicitó por escrito al Consistorio josepí que le aclarara si la licencia que concedieron en el año 2003 para levantar estudios comerciales y trasteros «ampara las obras en ejecución.
Este escrito no fue contestado». A principios de septiembre del año pasado, el Consell d'Eivissa vuelve a dar entrada en el Ayuntamiento a un escrito en el que le pide «colaboración y lealtad institucional» y que informe «sobre si la licencia de obras 298/2003 ampara las obras en ejecución y sobre la paralización, si es necesario, de las obras en ejecución a los efectos que establece el bando municipal en obras en zonas turísticas». En este sentido, además de las numerosas denuncias por haber reactivado la obra con una licencia del 2003, por no ajustarse al proyecto inicial y por el presunto fraude que se podría estar produciendo, estos trabajos también han recibido denuncias por seguir haciéndose pese al inicio de la temporada turística.
A principios de este año, el Consell d'Eivissa vuelve a dar entrada a otro escrito en el que informa al alcalde Josep Marí Ribas de que mediante una resolución del 29 de enero se denegaron las 15 cédulas de habitabilidad solicitadas por el promotor tras una visita de los técnicos de la máxima institución insular. En esta visita, los técnicos constataron que se pretende dar un uso residencial a lo que se ha construido y se sigue construyendo con una licencia para levantar estudios de uso comercial.
«La solicitud de cédula de habitabilidad de primera ocupación contiene información contradictoria ya que, si bien la licencia y los certificados de final de obra se refieren a locales y no a viviendas, la solicitud se refiere a 15 viviendas, el programa que consta en la información registral se correspondería con el uso de vivienda y, de la inspección realizada, se puede concluir que se pretende destinar los inmuebles a viviendas», se extrae de este documento en el que se revela que en el Registro de la Propiedad los inmuebles están inscritos como estudios referidos a vivienda pese a estar construidos con una licencia de estudio de uso comercial. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la información que aparece en el registro sobre Vadella 64 utiliza términos como ‘estudios' o expresiones como ‘conjunto residencial' o bien con frases como ‘trastero con planta inferior de la vivienda'.
En el año 2016, estos hechos fueron puestos en conocimiento del Registro de la Propiedad «y el registrador haciendo caso omiso a estas mismas denuncias ha mantenido en las notas simples el tratamiento de los inmuebles del edificio Vadella 64 como si fueran realmente viviendas cuando ni lo son ni lo pueden ser en ningún caso», se extrae de una de las denuncias que llegaron a la máxima institución insular. Cabe destacar que el Consell d'Eivissa se dirigió al Registro para informarles de que habían denegado las 15 cédulas de habitabilidad y para que eliminaran todas las posibles confusiones en cuanto a la terminología empleada para describir los inmuebles.
Constante petición
El escrito remitido por Pepa Marí a Agustinet en enero de este año recuerda al alcalde, además, que el plan parcial aprobado para la zona de Cala Vedella no admite el uso residencial en la parcela donde se encuentran estas obras.
«Asimismo, en la promoción por internet de los inmuebles, que se lleva a cabo desde hace más de un año, se hace clara referencia a apartamentos de uso residencial y a la existencia de un complejo o conjunto residencial. Este hecho ha sido puesto en conocimiento en reiteradas ocasiones a la Dirección General de Consumo del Govern para que adoptase las medidas oportunas en defensa de los consumidores y usuarios con tal de evitar la publicidad engañosa y el fraude a consumidores», se extrae del documento remitido por Pepa Marí a Agustinet.
En el escrito, además, Marí recuerda al alcalde que hay «múltiples denuncias» en el Consell sobre Vadella 64 «cuando estaba todavía en fase de estructura» y añade que «se ha solicitado al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones que se nos informe sobre si las obras se ajustan a licencia y estos oficios nunca han sido contestados».
El documento revela, además, que las obras cuentan con un certificado municipal parcial de final de obra, expedido el 1 de diciembre del año pasado y aportado al Consell por el promotor que solicitó las cédulas de habitabilidad. En este informe municipal de final parcial de obra se dice que los trabajos se ajustan «esencialmente» a la licencia, pero el Consell le precisa al Ayuntamiento que «dadas las denuncias existentes en esta obra y el cambio de uso constatado, se debería verificar de forma precisa este ajuste y adoptar todas las medidas de disciplina urbanística que correspondan para suspender las obras y usos contrarios a la licencia otorgada, incluida la revocación de la licencia por incumplimiento de sus condiciones, si así toca».
El departamento de Territori concluye este documento pidiendo al Consistorio josepí que haga una inspección del inmueble «para que los servicios técnicos municipales comprueben el ajuste de las obras y los usos del proyecto que fue objeto de licencia municipal y, así mismo, que se comunique al Consell el resultado de esta inspección y las medidas de disciplina urbanística que se adopten por el Ayuntamiento».
Esta inspección y la petición de información sobre la licencia que concedieron en 2003 no fue atendida por Sant Josep ya que el Consell d'Eivissa remitió otro nuevo escrito al Ayuntamiento el pasado 13 de marzo, firmado por Marta Díaz en sustitución de Pepa Marí, en el que se le pide «la remisión, lo más rápido posible, de una copia del expediente administrativo completo, incluido el proyecto técnico, que fue objeto de la licencia municipal de obras para la construcción de un edificio de 64 estudios de uso comercial, 38 locales-taller, 63 plazas de aparcamiento, 63 trasteros y piscina comunitaria». Además solicita una inspección conjunta «de los servicios técnicos municipales y de los servicios técnicos del Consell Insular para determinar el ajuste de aquello ejecutado al proyecto aprobado».
El documento concluye diciendo que «se os solicita que den las instrucciones precisas a los servicios técnicos municipales para la realización de esta inspección conjunta».
Consumo
La Conselleria de Territorio puso al corriente de la situación de Vadella 64 a la Dirección General de Consumo del Govern el 8 de septiembre del año pasado. En el escrito, Pepa Marí dice que «a los efectos de evitar un posible fraude a los consumidores y atendiendo que así consta se está haciendo publicidad y venta de unas viviendas que se están ejecutando en base a una licencia de obras de estudios taller/locales comerciales se les da traslado de estos hechos para que puedan adoptar, si procede, las medidas cautelares a las que hace referencia el artículo 73 de la Ley 7/2014 de protección de los consumidores de Balears».
Unas medidas cautelares que consisten en suspender o prohibir la actividad, oferta, promoción o venta de bienes o la prestación de servicios o bien «imponer, por razones de seguridad, condiciones previas a la comercialización de un bien o la prestación de un servicio en los casos en que los cumplimientos normativos se puedan corregir o bien el posible riesgo disminuya de manera ostensible mediante la inclusión de advertencias adecuadas», entre otras medidas.