El Ayuntamiento de Sant Josep pedirá al Consell d'Eivissa la suspensión del planeamiento de Cala Vedella ante la gravedad de los problemas urbanísticos derivados de un importante número de licencias concedidas entre los años 1997 y 2007, unos expedientes que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza. Se trata del conocido como "Caso Huerta", que incluye 38 expedientes urbanísticos que afectan licencias de un centenar de viviendas, más de 200 apartamentos -muchos de ellos vincuals usos comerciales- y cerca de 300 estudios-taller y locales en todo el municipio.
El acalde, Josep Marí Ribas 'Agustinet', ha participado esta mañana en una rueda de prensa acompañado por la primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, y el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanisme, Ángel Luís Guerrero, para aclarar diversos aspectos tanto de la promoción Vadella 64 -una de las que se encuentra bajo investigación judicial- como de la situación urbanística general de toda la zona.
El alcalde ha querido destacar que con una suspensión de licencias se podría empezar a buscar soluciones a los problemas urbanísticos de una zona del municipio "que no tiene saneamiento público, ni depuradoras públicas -son privadas- ni zonas verdes, ni zonas de aparcamiento, ni alumbrado público". El concejal de Urbanisme ha añadido que "Cala Vedella es el paradigma de todo lo que no se debe hacer en urbanismo y ha llegado a una situación insostenible".
En cuanto al edificio de Vadella 64, el alcalde y el concejal de Urbanisme han explicado las actuaciones que se han hecho por parte del Ayuntamiento y han recordado que tiene una licencia, que durante la construcción se les obligó a derribar un parte que no cumplía con la misma y que en las últimas inspecciones realizadas por los técnicos municipales han constatado que la obra cumplía con el permiso que tiene concedido. Sobre la supuesta comercialización de estos estudios-taller como viviendas residenciales, Guerrero ha recordado que este tema ha sido denunciado por el Consell d'Eivissa a Fiscalía y a la Dirección General de Consumo por una presunta estafa, una denuncia que el Ayuntamiento apoya plenamente. Finamente, con respecto a este expediente, el alcalde ha defendido la actuación de los técnicos y juristas municipales, que "trabajan con el máximo rigor y en defensa de los intereses municipales". No obstante, ha querido dejar claro que no es el modelo de urbanismo que defiende el equipo de gobierno: "Este edificio no nos gusta algo, ojalá no se hubiera hecho, ni éste ni otros de Cala Vedella, y ojalá no hubiera pasado nunca esta época negra ", ha añadido.
El alcalde ha recordado que todo el procedimiento judicial se inició en 2018, cuando la Guardia Civil realizó un registro en el Ayuntamiento de Sant Josep para destapar una supuesta trama de corrupción que habría tenido lugar la última legislatura del Partido Popular y que habría sido liderada por el que entonces era el arquitecto municipal, Antonio Huerta.