El Partido Popular ha cargado contra Francina Armengol tras conocerse tres sentencias del Tribunal Supremo que obligan al Govern balear a pagar 17,5 millones de euros por la desclasificación de terrenos en Roca Llisa, incluida en la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo sostenible de Balears. «La izquierda ideológica que aprobó la modificación de la ley es la misma que tenemos hoy. Francina Armengol también votó entonces a favor, por lo que no mire hacia otro lado y asuma las consecuencias y las responsabilidades políticas que de todo esto se deriven», apunta el diputado popular Miquel Jerez.
Para el parlamentario ibicenco, estas indemnizaciones millonarias son consecuencia «de una izquierda extremadamente ideológica que es capaz de apropiarse de los derechos de la gente y pagarlos a cualquier precio con el dinero de todos». Miquel Jerez añadió que el pago de grandes cantidades «se veía venir. Han preferido despilfarrar a manos llenas que hacer caso a lo que les decíamos desde el PP; estaban advertidos», e insistió en que «es muy fácil pagar indemnizaciones con el dinero de los demás y además no asumir ninguna responsabilidad política. Estos diecisiete millones y medio habrá que pagarlos y serán muy difíciles de recuperar».
Por su parte, el diputado socialista Enric Casanova descargó la responsabilidad en «decisiones que en su momento se tomaron. De esto hace muchos años y quiero pensar que en su momento se pensó que se podía hacer».
Casanova también quiso destacar que «La decisión se toma en un momento los demandantes pidieron 45 millones y al final no han sido tantos, se ha rebajado». En cuanto al coste de proteger el territorio, el diputado socialista aseguró que «a veces, afectas a intereses personas y hay diferencias de criterio. El perjudicado recurre y el criterio del juez a veces no es el mismo».
En cualquier caso, Enric Casanova apuntó que «tomas las decisiones teniendo en cuenta las variables del momento y buscando el interés general y la protección del territorio para poder evitar un crecimiento excesivo. Se consideraba necesaria (la protección de Roca Llisa) en ese momento y se tenía que tomar esta decisión».
Desde Podemos Ibiza su portavoz, Gian di Terlizzi, valoró «positivamente la protección del territorio pero, naturalmente hay que hacer las cosas bien, causando siempre el menor perjuicio posible a las arcas públicas». No obstante, no quiso comentar la idoneidad de la Ley 4/2008 de medidas urgentes ya que es «muy anterior al nacimiento de Podemos».
Sin embargo, lanzaron una puya al Ayuntamiento de Santa Eulària porque «al parecer, los derechos edificatorios no caducaron a pesar de no ejecutarse, por una dejadez del Ayuntamiento».
Sin paralelismos
También se refirió a esta cuestión ayer el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, quien recordó que en su día el expresident balear Francesc Antich ya aseguró que «proteger territorio nos cuesta dinero». Además, Torres no ve ningún paralelismo con este asunto de Roca Llisa con las indemnizaciones que pueda pedir el empresario Abel Matutes por sus terrenos de Platja d'en Bossa.