Los propietarios de las siete fincas afectadas por vertidos fecales en el Parque Natural de ses Salines interpusieron ayer, ante la Guardia Civil, una denuncia por vía penal al considerar que “podría ser un delito contra los recursos naturales y medioambientales”.
Según ha explicado esta mañana Paula Sánchez, letrada del despacho Manuel Alcaide, el objetivo no es que haya sanciones, sino que se corrija el problema existente. “Se ha decidido poner esta denuncia ante la inactividad del Ayuntamiento de Sant Josep, pero la intención es ir por vía administrativa”, ha apuntado.
Por su parte, el Consistorio ha relatado que no han recibido ninguna comunicación oficial, “ni de Guardia Civil-Seprona, ni de particulares”. Además, han asegurado que están esperand a que Aquambiente (Servicios para el Sector del Agua) “nos pase el informe para saber exactamente qué ha pasado y las gestiones que han hecho de limpieza, ya que esto les corresponde a ellos”.
Cabe recordar que las fuertes lluvias del pasado viernes han arruinado los cultivos de varias fincas de ses Salines, una situación que se repite cada año. De hecho, los propietarios afectados han asegurado que el Ayuntamiento “lleva años al tanto de esta situación, pero no hacen nada”.
Asimismo, los afectados pedirán analíticas de los pozos y de los terrenos de la zona para que se analice el grado de contaminación que hay. “Duele tirar el cultivo después de tantos meses, pero más duele el daño que se está haciendo a los acuíferos”, ha señalado Deogracia Lara, propietario de cuatro de los siete terrenos afectados por los vertidos fecales.
Por su parte, el mayoral Mariano Ribas ha dicho que el problema no solo está en que se mezclen las aguas pluviales con las fecales, “que ya es grave”, sino que esas aguas además contienen todo tipo de desperdicios como compresas, bastoncillos, “incluso trapos y vestidos”.
A su juicio, se han perdido alrededor de cinco toneladas de la cosecha sembrada en mayo, aunque “los daños y perjuicios no se pueden valorar todavía porque es muy temprano”, añadió Sánchez. La realidad es que lo cultivado tendrá que ir a la basura o como comida para los animales y algunos trabajadores tendrán que ser despedidos. “Ahora no se puede cultivar; habrá que esperar unos tres años y la gente que estaba trabajando en estas tierras se quedarán sin su puesto”, lamentó Ribas.