Uno de los propietarios de las tierras afectadas por los vertidos de aguas fecales procedentes del colector de Sant Jordi interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Sant Antoni el pasado 20 de agosto, tres días después del episodio de lluvia que hizo desbordar la tubería, por un posible delito contra los recursos naturales y el medioambiente y otro por prevaricación medioambiental. Por el momento, la denuncia se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, de guardia aquella jornada, a la espera de que se decida la incoación del expediente.
En su artículo 325, el Código Penal establece penas de seis meses a dos años de cárcel a los responsables de vertidos «en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas».
Una condena que podría ser de dos a cinco años de cárcel si se perjudica «gravemente el equilibrio de los sistemas naturales». Además, «si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado».
La autoría del vertido aún no ha quedado clara ya que desde el Govern aseguran que la estación de bombeo responsable del desborde de la tubería pertenece al Ayuntamiento de Sant Josep, mientras que desde el Consistorio apuntan que no tienen ninguna estación de bombeo de aguas fecales bajo su responsabilidad en ses Salines.
En cuanto al delito de prevaricación medioambiental, el artículo 329 del Código Penal establece penas de seis meses a tres años de prisión para la «autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio».
En este sentido, el segundo teniente de alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, admitió que conocen los episodios de vertido de aguas fecales en estas fincas los días de lluvias fuertes «desde hace tres años». Guerrero anunció la puesta en marcha de un plan para separar las conexiones de pluviales que van a parar a las fecales, lo que provoca que esta tubería que lleva el material hasta la depuradora de Can Bossa reviente cuando llueve más de lo normal.
Mail al alcalde
Otra de las pruebas que demuestra que el Ayuntamiento conocía la situación desde hace tiempo es un correo electrónico enviado a Alcaldía el 4 de noviembre de 2016 con numerosas fotografías de restos fecales provocados por un reciente vertido en la finca sa Torre Blanca.