Bambagas S.L., la empresa propietaria del chiringuito de Cala Gració, desmontó ayer el quiosco-bar ubicado en la zona de Cap Negret, según explicó a este periódico el dueño de la empresa. Sin embargo, el conflicto que se inició entre el Ayuntamiento de Sant Antoni y la empresa no está resuelto y se dirimirá en los tribunales. El alcalde portmanyí, Pep Tur ‘Cires', la concejala de Urbanisme, Cristina Ribas y dos técnicos municipales deberán comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza el próximo 25 de octubre, después de que se haya admitido a trámite la denuncia presentada por el propietario por un presunto delito de prevaricación.
Los hechos
Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central, autorizó en julio de 2017 la instalación, que cuenta con una licencia de cuatro años, es decir, hasta 2020. Por su parte, la Junta de Gobierno de Sant Antoni aprobó el 25 de abril el expediente de instalación del quiosco y los trabajos de instalación comenzaron el 15 de mayo.
Durante los siguientes días vecinos y residentes y la plataforma Prou! protestaron por la instalación del chiringuito y exigieron al Consistorio su revocación. El 18 de mayo el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que informaba de que había detectado «irregularidades» en la instalación del chiringuito de Cala Gració a raíz de una nueva revisión del expediente, lo que llevó al equipo de gobierno a paralizar su actividad, a la espera de que los técnicos municipales valoraran «nuevas actuaciones». Unos días después, el 24 de mayo, la Policía Local se personó en el chiringuito para notificar a la empresa que no podían iniciar la actividad «hasta que no se expida el certificado municipal de finalización de obras», así como todas las licencias necesarias.
El chiringuito, sin embargo, alegó no tener la obligación de presentar certificado de final de obra ya que «en ningún momento ha habido licencia de obra» y aseguraron tener informes favorables por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni, el Ministeri de Medi Ambient del Govern balear y la Demarcación de Costas, hecho confirmado por un informe jurídico municipal emitido el 5 de julio.
Estos argumentos no contaron con la aprobación de Cristina Ribas, concejala de Urbanismo, quien consideró que tenían que entregar el certificado de final de obra para poder emitir el certificado municipal. «Ellos consideran que no lo tienen que presentar y ahí estamos», añadió. El 21 de julio el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma rechazó la cautelarísima y una cautelar para forzar la apertura del chiringuito, con lo que la actividad continuó paralizada.
Indemnización
Dado que los informes son favorables, las licencias y autorizaciones no fueron denegadas y la propiedad presentó la declaración responsable el 22 de mayo (para abrir el chiringuito dos días después) pero Sant Antoni nunca llegó a expedir el certificado final de obra, la empresa Bambagas S.L. reclamará una compensación por los perjucios y gastos ocasionados. Además, también exigen los costes de la empresa de seguridad que fue contratada, alegó la empresa, por una serie de «actos vandálicos» denunciados a la Policía Local y la Guardia Civil. La promotora presentó el pasado 1 de julio una querella por prevaricación por «las actuaciones de Sant Antoni en relación a la licencia del quiosco». La querella ha sido admitida a trámite y el alcalde de Sant Antoni ha sido citado para el día 25 de octubre en calidad de investigado.