Este jueves dio inicio el IV Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza, evento que empezó a las 9:30 de la mañana con un debate sobre el papel de las administraciones ante la nueva realidad de las viviendas turísticas vacacionales, que estuvo moderado por Vicent Torres ‘Benet', director insular de Turisme.
Carmen Lence, Doctora en Derecho y asesora en el Defensor del Pueblo, explicó en su intervención que la regulación del alojamiento de viviendas turísticas supone un «desafío absoluto» para la coordinación, ya que son varias las administraciones competentes en la materia: el Gobierno central, el Govern balear, el Consell d'Eivissa y los distintos Ayuntamientos de la isla.
Este tipo de oferta vacacional, aunque ya existía antes de 2008, ha experimentado un auge como consecuencia de la aparición de empresas tecnológicas y plataformas como Airbnb, que ponen en contacto a usuarios y propietarios que destinan sus viviendas a uso turístico. Debido a este crecimiento tan rápido, lamentó Lence, la Administración tiene «grandes dificultades» para regular esta actividad.
Lence también mostró su preocupación porque la Administración no tenga «suficientes medios» para inspeccionar el alquiler turístico ilegal y se refirió a algunos de los efectos negativos que a su juicio tiene este tipo de actividad sobre la convivencia y la vida de la ciudadanía. En el caso de Ibiza, la isla tiene unos «límites estructurales» muy definidos, apenas hay suelo para construir nuevas viviendas y por ello la vivienda turística vacacional contribuye a agravar los problemas de acceso a la misma.
Por eso, según Lence, es necesario reivindicar «el derecho a la ciudad» y ofrecer seguridad jurídica, por ejemplo, ofreciendo en un solo documento todos los requisitos que tiene que tener un apartamento para destinarlo a uso turístico. En contestación a la intervención de Joaquín López, director del departamento de promoción de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), quien se mostró contrario a las restricciones en el alquiler vacacional cuando éstas no están sustentadas por un estudio y cuando son desproporcionadas, Lence argumentó que «la libertad empresarial se ha colocado por encima de otros derechos», como el derecho a la vivienda.
Por otro lado, Luis Gordillo, profesor de Derecho en la Universidad de Deusto, propuso introducir «normas de régimen interno» que regulen la conducta de los turistas que utilizan apartamentos vacacionales para evitar las molestias que a veces se generan por los distintos hábitos de vida de turistas y residentes mientras habitan en un mismo edificio y apostó por inspecciones fuertes para que se respeten las normas, ya que «este fenómeno no se va a terminar, lo que hay que buscar es una manera de convivir».
López, por su parte, además de mostrarse contrario a las «restricciones desproporcionadas», señaló en su intervención que el turismo es una industria fundamental para España, especialmente para Ibiza, y que esa era una condición que había que aprovechar «inteligentemente». Recordó que si los ayuntamientos realizaban modificaciones urbanísticas que atentan contra la competencia recurrirá ante los tribunales los casos, como ya ha hecho con los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, San Sebastián o Bilbao, pese a que matizó que «en determinadas circunstancias puede haber motivos de intervención de la administración».
Finalmente intervino Lucía Prats, delegada del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Ibiza, quien afirmó que debido a las limitaciones estructurales de la isla que señaló Lence, «hay un grave problema de vivienda para quienes quieren venir a trabajar a la isla o para quienes viven durante todo el año aquí» e hizo hincapié en la necesidad de realizar «enormes» inversiones en vivienda pública, que en Balears solo representa el 0,6 por ciento. «Las administraciones tenemos que conjugar los intereses de la industria turística y los intereses de residentes y ciudadanos», apuntó.