Un total de 45 grandes tenedores (principalmente bancos, y algunas empresas inmobiliarias) han registrado un total de 859 viviendas desocupadas de su propiedad para que, en cumplimiento de la Llei de l'Habitatge de les Illes Balears, la Conselleria de Territori las gestione y ponga a disposición de los ciudadanos mediante un alquiler social.
Así lo comunicó el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, tras la celebración de la Mesa de l'Habitatge, que contó con la asistencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol.
Pons consideró que «la cifra es considerable en lo que es una ley pionera en todo el Estado. A partir de ahora, los servicios de inspección comprobarán el estado de estas viviendas -han estado desocupadas durante al menos dos años- y, según sus condiciones y ubicación, se establecerán los términos de su cesión para ser incorporadas lo más rápidamente posible a la bolsa del Institut Balear de l'Habitatge tras un proceso de adecuación y adaptación, si fuese necesario».
El servicio de inspección también vigilará que los grandes tenedores hayan informado de todas las viviendas que debían ser registradas. Cabe recordar que no asumir la obligación de informar de los pisos vacíos implica una sanción grave, que oscila entre 3.001 y 30.000 euros. El incumplimiento reiterado puede llevar a una sanción muy grave de hasta 90.000 euros.
La Llei de l'Habitatge se aprobó el pasado 27 de junio y, desde entonces, los grandes tenedores han dispuesto de tres meses para registrar sus pisos vacíos.
De los 859 pisos de grandes tenedores que se han registrado en el período voluntario, 695 son de Mallorca (81 %), 134 de Menorca (16%) y 30 de Ibiza (3 %).
Los municipios con más pisos desocupados registrados son Palma (210), Manacor (69), Campos (66), Son Servera (53), Ciutadella (41), Inca (36), sa Pobla (31), es Mercadal (30) y Maó (28). En Ibiza, el municipio con más pisos inscritos es Sant Josep (19).
La Conselleria ha realizado una reserva presupuestaria de 4,5 millones de euros para 2019 con el fin de adecuar estas viviendas para el alquiler social.
Por otra parte, el conseller también informó de que el mismo servicio de inspección ha realizado un seguimiento específico de viviendas de protección oficial (VPO) para asegurar el buen uso de las mismas. Esta campaña ha dado lugar a 32 expedientes, 18 en Mallorca y 14 en Ibiza, por un supuesto uso indebido de lVPO, principalmente realquileres, propietarios de más de un inmueble y aprovechamiento como vivienda vacacional.
El Consell d'Eivissa valoró positivamente el compromiso del Govern de que el Ibavi adquiera en la isla vivienda usada y la destine a alquiler social. En la mesa de vivienda de ayer, se expresó el compromiso de realizar una licitación por parte del Ibavi para comprar vivienda usada en Ibiza y destinarla a alquiler social, junto con una aportación económica desde el Consell. «Gracias a las modificaciones incluidas en la nueva Ley de Vivienda, no hay impedimentos para que el Consell pueda adquirir pisos con fondos propios y los pueda ceder al Ibavi para su uso social», explicó la consellera de Habitatge de Ibiza, Viviana de Sans.