El Gobierno alerta de que aspectos sustanciales de la Ley de Vivienda pueden ser ilegales, entre ellos la obligación de que los grandes tenedores cedan sus pisos vacíos a la Administración autonómica, que estos pisos se inscriban en un registro público y que algunas entidades, como los notarios, tengan la obligación de colaborar con el fin de acreditar la desocupación de viviendas.
Se trata de uno de los núcleos esenciales de la ley aprobada este año en el Parlament y que ya se está aplicando, hasta el punto de que bancos y grandes tenedores ya han registrado 859 viviendas vacías en cumplimiento de esta ley que ahora se cuestiona.
Gobierno y Govern han abierto ahora un proceso de negociación para resolver las discrepancias sobre la constitucionalidad de esta ley, que también afecta al artículo relativo a la función social de la vivienda, que se incluyó a última hora por exigencias de Podemos. En esencia, este artículo sostiene que se incumple esa función social de la vivienda cuando ésta permanece vacía, en cuyo caso se abre la puerta a la intervención de los poderes públicos.
El Gobierno de Pedro Sánchez cuestiona otros artículos relativos a la garantía de mantenimiento de los servicios básicos de la vivienda y los protocolos de actuación del Govern para que las empresas suministradoras no corten los servicios sin cumplir una serie de exigencias.
El Gobierno de Mariano Rajoy llevó al Constitucional varias leyes de viviendas aprobadas por comunidades autónomas, pero el Constitucional terminó dando la razón a las autonomías. Esta advertencia de inconstitucionalidad de una ley del Govern es la primera que llega desde que gobierna Pedro Sánchez.