El pleno del Consell d'Eivissa aprobó ayer por vía de urgencia, y tras media hora de receso al no estar preparado todavía el informe correspondiente, el pago de 53 facturas por valor de 244.023 euros a cuantro entidades sociales por servicios prestados pero no incluidos en el presupuesto ni previstos en ningún contrato.
La propuesta tuvo el visto bueno de los consellers del equipo de gobierno y, como es habitual cuando se llevan a pleno estas cuestiones, la abstención del Partido Popular, a excepción del expediente relativo a la Asociación de Madres Amadiba y sus 18 facturas de 63.260,11 euros, cuyo pago fue rechazado por el PP.
«Hemos votado en contra porque los informes técnicos dicen que no cumple con la Ley de contratación del Estado. En el caso de Amadiba, que tiene que gestionar varios centros de este Consell, el importe es muy elevado porque ya nos reclaman más de 240.000 euros, y se tiene que hacer como toca y hay una Ley de contratación que hay que cumplir.
Consideramos que se está haciendo un pago inadecuado, al igual que el interventor y el secretario», señaló Mariano Juan al finalizar el pleno. Durante su intervención, avisó al equipo de gobierno que el interventor del Consell asegura en un informe que la jefa de servicio de Benestar Social realiza un informe para obtener su visto bueno a las facturas «en el que intenta justificar la ilegal actuación del departamento» y en el que «se vierten numerosos errores que son causa de rechazo por esta Intervención».
En base a este informe del interventor, el secretario del Consell también asegura en uno de los informes que figuran en el expediente de convalidación de estos gastos que «se tendrán que depurar las responsabilidades que correspondan» si se aprobaba en pleno, como finalmente sucedió.
«El PP ha votado en contra porque no está gobernando. Tenemos que cumplir con la ley de contratación, pero antes tenemos que dar una salida a las familias que tienen problemas. No nos gusta no cumplir la normativa pero lo que tiene que hacer Servicios Sociales es servir a la sociedad. El interventor se queja con toda la razón del mundo porque no hemos seguido los trámites; el contrato estaba a punto de firmarse pero nos cogió el cambio de la ley de contratación», explicó el conseller de Economia i Hisenda, Gonzalo Juan.
Mariano Juan culpó de este asunto a la «falta de previsión» del equipo de gobierno». «Esto es un problema de gestión, hay que preverlo con antelación y que no nos coja el toro cada vez. Esto es de una gravedad que en once años que llevo en la Administración nunca había visto. La Administración no es un club de amigos y no dudo que Amadiba no sean buenos y que lo hagan mejor que la propia Administración pero hay que hacer las cosas bien», señaló el portavoz del PP en el Consell.