El Parlament Balear aprobó ayer la toma en consideración de la proposición de Ley de capitalidad de la ciudad de Eivissa, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios excepto Més per Menorca, que votó en contra.
El texto regula el estatuto especial de capitalidad de Vila, del que hasta ahora solo disfrutaba Palma de Mallorca. Se indica que este régimen jurídico se le otorga como sede las principales sedes institucionales. Además supondrá un mecanismo especial de financiación que aportará un mínimo de 5 millones de euros anuales a las arcas municipales durante los próximos cuatro años.
Ante una sala de plenos medio vacía, el diputado socialista Xicu Tarrés fue el encargado de explicar la necesidad de esta Ley. El que fue alcalde de Vila y presidente del Consell Insular recordó que ya se empezó a hablar de capitalidad en el año 2000, cuando en el municipio eran unos 30.000 habitantes. A día de hoy hay casi 50.000 habitantes censados en el municipio.
Tarrés recordó que Vila da servicio a entre 70.000 y 80.000 personas diariamente en invierno, dado que es sede de las principales instituciones de la isla, como el Consell Insular y los juzgados, los servicios hospitalarios o las sedes principales de las entidades bancarias. Un trasiego de gente que supone un coste en limpieza y en seguridad que «asumen con sus impuestos los 50.000 habitantes de la ciudad».
Esta carga que se ve incrementada en verano, cuando estimó que durante los meses de julio y agosto hay en torno a 120.000 a 140.000 personas a diario en la ciudad.
Si bien reconoció que esta realidad también la sufrían otros municipios de Balears, justificó la diferencia añadiendo que Vila sea una ciudad portuaria por la que pasan 1.000.000 de viajeros al año, y que ese puerto sea el único que contacta con la isla de Formentera, por lo que también se soporta una carga de ciudadanos de esa isla.
A los diputados de Menorca con dudas les recordó que la situación de Eivissa y Menorca «no es extrapolable», dado que, aunque a algunos les gustaría que existieses otro modelo, en Menorca las instituciones no están tan centralizadas. «No es un debate económico, sino un debate de justicia política», concluyó.
Desde el grupo Popular, María José Ribas indicó que el voto del PP sería afirmativo. Sin embargo recordó que existía un informe de hace 10 años que fijaba las necesidades económicas de Vila en 7 millones. Criticó en este sentido el acuerdo al que se había llegado entre el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, y la presidenta del Govern, Francina Armengol, para fijar la cifra de 5 millones «sin consenso» y cuestionó los motivos de fijar esa cantidad de dinero que no estaban justificados.
Més per Mallorca, PI y el grupo mixto también cuestionaron el porqué de esa cifra al no existir una justificación.
Por su parte desde Més per Menorca Nel Martí cuestionó la justificación jurídica de la Ley e indicó que, si bien es necesaria la suficiencia financiera de los municipios y Eivissa requería de algún mecanismo para conseguirla, se había forzado la Ley para justificar una capitalidad que no contempla el Estatuto de Autonomía.
LA NOTA
Una cantidad sin justificar
Todos los grupos parlamentarios salvo los que presentaban el texto normativo, PSOE y Podem, cuestionaron la justificación de la financiación fijada en cinco millones de euros anuales por la Ley. Desde el PP se recordó la existencia de un estudio que fijaba esta cantidad en 7 millones, mientras que desde el grupo Mixto, Salvador Aguilera cuestionó que la actualización de esa cantidad se hubiera hecho a la baja cuando en una década había aumentado tanto el número de residentes como el de turistas. La Ley indica que esta cantidad se actualizará conforme a estudio económico tras el primer período de 4 años.