El sindicato mayoritario en centros concertados ordinarios y de educación especial de Baleares (Feuso Baleares) ha asegurado este viernes que el Consell de Ibiza "está poniendo en riesgo" la continuidad de los centros que atienden a personas con discapacidad en la Isla.
En un comunicado han señalado que el viernes 15 de febrero se manifestarán, junto a usuarios y trabajadores, frente a la sede del Consell para exigir que se garantice la continuidad de los centros.
Según han criticado además, la administración está provocando que no salga adelante el sistema de conciertos sociales, poniendo en una "grave situación de vulnerabilidad" a muchos trabajadores, usuarios y familias de los diferentes centros de atención a personas con discapacidad de Ibiza. La protesta se repetirá el 19 de febrero frente al Parlament balear.
Desde el sindicato han explicado que el Consell de Ibiza está tramitando uno de los cuatro conciertos sociales que afectan a estos centros, aunque se debería haber aprobado hace meses.
Por ello, y para evitar que tres expedientes más sufran esta demora, la solución propuesta por el sindicato es que saquen otro concierto que incluya los tres servicios que faltan y que consisten en una vivienda supervisada para niños con discapacidad, el centro residencial de acción educativa especial para los menores de protección del Consell y el centro de día para las personas con discapacidad al acabar la etapa escolar.
FACTURAS IMPAGADAS POR VALOR DE 78.000 EUROS
El sindicato ha apuntado también que existen facturas sin pagar que ascienden a más de 78.000 euros, sin contar las facturas de enero de 2019.
Asimismo, han asegurado que la puesta en marcha y el funcionamiento de estos centros, desde julio de 2017 ha supuesto un desembolso económico de más de 1.500.000 euros que, hasta el momento han asumido los propios centros a través de un endeudamiento bancario que "está poniendo en peligro la continuidad de estos servicios".
Dicha cantidad, han explicado, ha sido objeto de reclamación al Consell, sin que hasta la fecha éste haya contestado sobre cómo piensa solucionarlo.
Desde el sindicato han reiterado que la atención a las personas con discapacidad es un "derecho y una obligación" de la Administración amparado por las diferentes leyes.
Desde USO han reconocido saber que existe "predisposición y voluntad política" para solucionar esta situación de "absoluta necesidad", aunque ven con "gran preocupación" la posibilidad de que se lleve a cabo el cierre de centros. Así, han exigido al Consell que busque una solución "urgente y prioritaria".