La Fiscalía de Ibiza investigará la concesión de la escuela municipal de vela del municipio de Sant Antoni al Club Náutico Sant Antoni (CNSA) en el año 2016 con ocasión de la renovación de las concesiones de playas del municipio.
El Ministerio Público ha decidido abrir diligencias tras recibir una denuncia de una persona que se mantiene en el anonimato que pide que se investigue si el alcalde de Sant Antoni, José Tur 'Cires', el concejal de Playas, Pablo Valdés, y el técnico municipal de Playas, han incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al otorgar una concesión al Club Náutico sin concurso público.
El denunciante estaba interesado en la gestión del lote número 8 de la playa de s'Arenal, correspondiente a la escuela de vela. Dicho lote salió a concurso público en 2016 por un total de 16.000 euros anuales por cuatro años de explotación.
El concurso quedó desierto porque el elevado precio lo hacía inviable. Por ello, el denunciante se interesó por una segunda licitación con una puja inferior.
Tras no recibir respuesta alguno a su solicitud, el denunciante presentó dos instancias al Ayuntamiento en junio de 2016 y en septiembre de 2017. En dichos escritos reclamaba el convenio entre el Club Náutico y el consistorio, así como el detalle de las contraprestaciones de la entidad al propio Ayuntamiento, «ya que no realizó el pago de la concesión de subasta pública», según señala en uno de los documentos.
En uno de los escritos también informa al consistorio de que otra empresa fue la que finalmente explotó la escuela de vela, posiblemente mediante una «cesión o subcontrata» realizada por el Club Náutico.
El denunciante recurrió primero a la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares y a la Dirección Insular de la Administración del Estado, que respondieron que no eran competentes. Así, finalmente denunció el asunto ante la Fiscalía, que ahora ha abierto una investigación.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha salido al paso de dichas acusaciones sosteniendo que el proceso llevado a cabo para la explotación del lote "se ajusta a la legalidad". También han apuntado que "facilitará toda la documentación que sea solicitada".
Desde el consistorio han explicado que, tras una licitación abierta a todos los interesados, la adjudicación del ahora denunciante quedó desierta, por lo que, dado que la temporada turística ya había comenzado y ante la necesidad de «garantizar la seguridad de los bañistas y usuarios de playas», el ayuntamiento llegó a un acuerdo con el Club Náutico Sant Antoni.
El acuerdo, según informan desde el Ayuntamiento de Sant Antoni, implicaba que la entidad podía explotar el lote a cambio de asumir los servicios de mantenimiento y facilitar una alternativa en caso de avería para la embarcación de salvamento. Además, también debía poner a disposición una plaza de amarre para dicha embarcación de socorro.