Juan Carlos Torres Ailhaud llegó a los juzgados de Ibiza tras una primera etapa como juez en Icod de los Vinos (Tenerife). De eso hace ya tres décadas. Aquí ha desarrollado su carrera pasando por los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 antes de hacerse cargo del juzgado especializado de Violencia sobre la Mujer, en el año 2010. Como juez decano de Ibiza ha vivido en primera persona la evolución y los cambios de la administración de Justicia en la isla, la creación de nuevos órganos judiciales, nuevas sedes, el impulso al proyecto del futuro edificio de sa Graduada y la fatalidad en forma de llamas que la madrugada del 21 de enero arrasó dos plantas de los vetustos juzgados del número 4 de Isidor Macabich, una «desagradable ironía del destino» para un edificio con 40 años de historia que estaba a punto de ‘jubilarse'.
—Decano, habrá un antes y un después del fatídico 21 de enero.
—Así es. En algún informe, para no minimizar la situación, la he calificado como catastrófica y todo el mundo debería ser consciente. Lo califiqué de catastrófico porque ha sido un suceso que ha producido una grave alteración del orden normal de las cosas. Eso es lo que ha pasado. La existencia de la tecnología y digitalización de la justicia ayudará mucho, pero no olvidemos que en ese edificio se administraba justicia por siete órganos judiciales. Era un edificio con una organización ya consolidada y coordinada, aunque metida a presión, porque se concibió inicialmente para cuatro Juzgados y un despacho de Forense y algo más, y acabó por aguantar, más o menos bien, siete Juzgados y servicios auxiliares. La dimensión de la catástrofe es que de la noche a la mañana todo una administración de siete juzgados y ocho servicios judiciales quedó imposibilitada de prestarse.
—Un incendio intencionado que todavía está siendo investigado en un edificio judicial que no tenía vigilancia nocturna...
—La falta de vigilancia fue una cuestión que ya me preocupó cuando se suprimió en torno al año 2006 y desde el decanato se elevaron unas comunicaciones en este sentido. Una instalación de este tipo, estamos hablando de un edificio público que alberga varios juzgados desde que se creó hace ya casi 40 años, que ha venido representando la administración de Justicia en Ibiza y ha ido creciendo en órganos, siempre habría de haber tenido vigilancia presencial continua. Si en los inicios y mediados de los 80 podría ser innecesaria una vigilancia presencial activa las 24 horas, luego sí la hubo. Fue una decisión de otros suprimirla e instalar otros tipos de protección pasiva como una alarma de intrusión, un sistema que por lo que está visto no funciona o no funcionó la madrugada del incendio. La investigación judicial ya aclarará qué ha pasado. Habrá que ver cuáles han sido las causas y es una cuestión que me preocupa bastante.
—Las llamas prácticamente arrasaron dos plantas e incluso algunos expedientes salieron despedidos por las deflagraciones. ¿Se ha hecho ya alguna primera valoración de la situación en la que han quedado los expedientes?
—El juzgado de Instrucción número 1 fue el más dañado por la quema de expedientes aunque parece que tenía mucho material digitalizado. El fuego también afectó en buena medida el juzgado de Instrucción número 2, pero habrá que dar un tiempo. Deberá crearse una comisión de reconstrucción para evaluar los daños y reconstrucción de expedientes.
—¿Cuál es la situación actual?
—En este momento la actividad judicial en el orden penal de Ibiza está reducida al mínimo, es decir, funciona más bien en malas condiciones, en una sala de vistas que ha sido prevista para que funcione como un juzgado de guardia, pero que no ha habido más remedio que habilitar para garantizar lo que es esencial en la administración de Justicia: el funcionamiento del servicio de guardia. Añadir que una de las primeras medidas de emergencia para hacer frente a una situación crítica como hubo el 21 de enero fueron dos: garantizar el normal y continuado servicio de guardia del juzgado de Instrucción, incluso sustituyendo al juzgado de Violencia sobre la Mujer por imposibilidad de funcionar autónomamente en cualquier otro lugar porque no hay más espacio. Y en segundo lugar, aportar otra medida de emergencia que fue reconectar en poco más de 24 horas, el miércoles 23 de enero, unos juzgados -cuatro de Instrucción, uno de Violencia y dos Penales, además del Instituto de Medicina Legal y Forense- que de la noche a la mañana habían quedado a cero y sin ninguna opción de ubicar en el edificio siniestrado.
—Un panorama peliagudo...
—Tenemos que darnos cuenta de que hemos pasado de un edificio de unos 2.000 metros cuadrados, con seis plantas que daban cabida a siete órganos judiciales y ocho servicios activos, como el servicio psicosocial (psicóloga y trabajadora social) o clínica de médico forense (cuatro forenses y personal), a tener que funcionar en casi el 10 por ciento del espacio. Y un plus: la situación se produce cuando está un edificio nuevo a punto de terminarse. Es una ironía desagradable del destino a pocos meses de un cambio tranquilo de edificio porque decenas de trabajadores llevamos bastante tiempo en este edificio. Se trata de una sede que ha prestado un servicio durante casi 40 años y a punto de extinguirse su vida útil se produce un incendio que habrá que ver cuáles han sido las causas. Ya le digo que habrá que investigar la intencionalidad del incendio y ésta es una cuestión que también me preocupa bastante.
—Ahora se hace más imperiosa la puesta en marcha del nuevo edificio.
—El fin de obra está previsto para el 30 de marzo, todos sabemos que después de un final de obra hay un cierto margen de tiempo para los retoques y acabado. Tratándose de un edificio de este tipo, la puesta en marcha, las comprobaciones y el traslado de mobiliario puede llevar en torno a un mes. Es de desear que en el mes de junio pueda entrarse ya a trabajar en este nuevo edificio. ¿Otro escenario? no sé si podremos mantener en verano esta situación de precariedad, salvo que se alquilen otros locales, que también se ha pedido. Esto podría entrar dentro de las previsiones, pero también se barajaba que el traslado fuera después del verano toda vez que no es la época más apropiada para trasladarse desde Isidor Macabich. El incendio lo ha trastocado todo, lo que se planteaba inicialmente como una mudanza tranquila cambia porque hay una urgencia. Si puede ser antes de junio perfecto. Todos los juzgados del orden de lo penal irán a sa Graduada. En el Cetis permanecerá civil porque hay un proyecto que sólo se ha ejecutado en un 60 por ciento y en principio incluirá los siete juzgados del orden de lo penal y he solicitado que incluya el juzgado de lo Social.
—Usted es el titular del juzgado especializado de Violencia sobre la Mujer, un juzgado que tiempo atrás pasó por dificultades por falta de medios, pero que últimamente había subsanado muchas de esas deficiencias...
—En efecto, últimamente el juzgado de Violencia sobre la Mujer tenía un funcionamiento de urgencia y todo se tramitaba y se atendía al momento o en 24 horas, habiendo incoado sobre 700 diligencias urgentes. Ahora hay una sensación, creo que compartida por muchos en sus órganos judiciales, de reducción a mínimos, de agobio porque hemos pasado de un buen funcionamiento coordinado en todos los juzgados, incluido el de violencia, a una desarticulación de esta organización. Hemos quedado totalmente descoordinados, como de volver a empezar de cero. De hecho, no se ha hablado de que muchos órganos funcionaban con expedientes en papel, porque sigue habiendo mucho papel. Ahora habrá que reimprimir muchas cosas porque el papel sigue existiendo en la Justicia, nos guste o no.
—En la actual situación de precariedad, la falta de espacio y medios afecta especialmente a juzgados como el de Violencia sobre la Mujer...
—El funcionamiento nunca será óptimo porque no hay sitio ni cabida para completar ningún juzgado, es decir, para que ningún juzgado funcione con su plantilla completa. El juzgado de Violencia sobre la Mujer, según la ratio que se ha establecido y con las limitaciones de espacio que hay que redistribuir, sólo podrá funcionar con tres o cuatro funcionarios, de manera operativa y autónoma. Con estos tres o cuatro funcionarios podrá atender los temas más urgentes de la guardia, pero no se podrá ir más allá.
—De un tiempo a esta parte se ha reabierto con fuerza el debate sobre el tratamiento de la violencia de género, convirtiéndose en un arma política. ¿Cómo ve usted la situación?
—Es una cuestión de concepto y que para mi, con experiencia en la materia, transciende cualquier planteamiento político. Una cosa es la violencia de género o sobre la mujer por el hecho de ser mujer, y otra cosa es la violencia doméstica: Ahí están las estadísticas. Desde el año 2003 más de 950 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas o cónyuges, a la inversa la proporción no debe llegar al 10 por ciento. No se puede cambiar. Son conceptos totalmente distintos y no se pueden mezclar. Otra cosa es el trato que deba dispensarse a la violencia doméstica en los juzgados de instrucción para las mismas medidas. Las víctimas de violencia doméstica, vamos a poner el ejemplo de un varón víctima de violencia por parte de su mujer, pueden optar a las mismas medidas, a la misma tutela judicial de protección, de medidas cautelares y de denuncia que en el caso de la violencia de género, pero al estar comprobado y demostrado que la violencia sobre la mujer de género trae causa de unos conceptos estructuralmente anclados en el patriarcado y, estadísticamente por sus resultados, más violenta, se impone, y así ha sido reconocido en el Consejo de Europa, una distinción entre violencia de género sobre la mujer y violencia doméstica. No debe haber controversia política con el tratamiento de la violencia de género que es contra la mujer como distinta de la violencia doméstica.