Un total de diez años y medio de prisión, retirada de la patria potestad de su hija e indemnizar con 6.000 euros a cada una de las tres menores de las que presuntamente abusó sexualmente. Es la pena que solicita el Ministerio Fiscal para un vecino de Santa Eulària que este lunes se sienta en el banquillo de los acusados para responder por un delito continuado de abusos sexuales y otros dos delitos de abusos sexuales. Las víctimas: su hija y una amiga, ambas de 11 años, y una sobrina de 12 años.
Según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, el encausado J.R.M., con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, será juzgado hoy por un tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial.
Los hechos que serán juzgados se remontan al año 2013 y fueron instruidos por el juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza.
Abuso continuado
Según el relato del escrito de acusación, en fecha indeterminada de 2013, el acusado, «aprovechando que su hija y su sobrina se estaban duchando, se metió en la bañera con las menores y, con ánimo libidinoso y en contra de su voluntad, les empezó a enjabonar y tocar sus pechos y genitales mientras él se masturbaba».
Posteriormente, el 5 de enero de 2015, en el mismo domicilio familiar de Santa Eulària, el acusado pidió a su hija y a una amiga de ésta, de 12 años, «que se acostasen con él en la cama y, con ánimo libidinoso y en contra de su voluntad, les comenzó a tocar la barriga y los pechos».
Los hechos son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales recogidos en los artículos 183.1.4. y 192.3 del Código Penal, delito penado con 4 años y medio de prisión, y dos delitos de abusos sexuales del 183.1., penado con tres años de prisión cada uno y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Por el delito continuado de abusos sexuales la Fiscalía también pide la privación de la patria potestad respecto de su hija.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación popular reclama que el acusado indemnice con 6.000 euros a cada una de las víctimas por los daños y perjuicios creados.
El Ministerio Fiscal indica que la cantidad deberá aportarla a través de los tutores legales de las menores.