La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Balears ha condenado a una mutua colaboradora con la Seguridad Social a pagar más de 12.400 euros a una clínica privada de Ibiza por la atención prestada a un hombre que había sufrido un accidente laboral.
En concreto, la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por la mutua, que rechazaba hacerse cargo de los costes porque alegaba que el hombre podía haber sido trasladado al hospital público de Can Misses y sostenía que permaneció en el centro privado por voluntad propia, extremos que el Tribunal no considera acreditados. El accidente ocurrió en diciembre de 2014, cuando el hombre sufrió una caída una altura, se lesionó y fue trasladado en ambulancia. Según consta en el informe de urgencias de la clínica privada, el trabajador sufrió un politraumatismo, presentaba lesiones en el tórax y el abdomen y se sospechaba de que pudiera tener una fractura craneal, por lo que fue ingresado en la UCI.
Uno de los médicos de la clínica explicó que no era aconsejable el traslado a Can Misses. Asimismo, otra empleada señaló que en Ibiza los accidentados laborales se trasladan a la clínica privada porque ésta tiene un convenio con las mutuas laborales, pero precisamente no con la demandante. Así, apuntó que la ambulancia pudo decidir trasladar al hombre a la clínica por este motivo o porque la empresa para la que trabajaba el paciente así se lo indicara. La mutua acusaba a la clínica de haber exagerado la gravedad de las lesiones con objetivo de poder facturar sus servicios y consideraba que podría haber sido trasladado desde el primer momento a Can Misses.
En este sentido, los magistrados consideran que no puede afirmarse que no hubiera urgencia vital porque las pruebas médicas reflejaron una «muy dudosa imagen» de posible fractura no desplazada del hueso temporal derecho, así como «dudosos focos hemorrágicos» en el córtex frontal derecho, cuya evolución debía evaluarse en 24 horas. Asimismo, la Sala determina que la clínica privada «no tiene por qué atenerse a los precios de la sanidad pública».