Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller de Territori, Infraestructures y Lluita contra l'Intrusisme, apuesta por tener un trato directo con los ayuntamientos de la isla y facilitarles los trámites, en la medida de lo posible.
-Se ha reunido ya con los cinco ayuntamientos, ¿en qué quiere ayudarles el Consell que no lo haya hecho antes?
-Uno de nuestros objetivos es la colaboración con los municipios. Desde hace demasiados años, en el Consell se ha reducido la colaboración con los municipios a un tema financiero, solo a darles más o menos dinero y nosotros queremos dar un paso más. Está muy bien apoyar económicamente a los ayuntamientos, pero entendemos que la colaboración del Consell tiene que ser mucho más que eso. Ahí es donde ha fallado en estos últimos años, sobre todo en temas jurídicos. Y esto no ha sido culpa de los técnicos o de los juristas de la casa, sino de la falta de criterio o dirección de los políticos. Cuando un ayuntamiento te está planteando una vía jurídica, sea la que sea, si el Consell dice que no puede ser, tiene que haber alternativas. Y esto es lo que ha fallado.
-¿Qué va a cambiar?
-Santa Eulària tiene diversos problemas sobre todo en falta de inversiones para infraestructuras, que no se ha invertido prácticamente en nada. Lo único en la carretera de Santa Eulària, que ya vemos cómo está. Se nos pide dar prioridad a poner un semáforo y un paso de cebra en la entrada del barrio de Can Nadal. También una pasarela en s'Olivera que conecte con Puig d'en Valls y Vila. Se lleva años hablando de estas dos cosas y no se ha hecho nada. Además, conectar el barrio de sa Font, Can Ramon con Siesta y con Can Nadal y el puente viejo de Santa Eulària. También se nos reclama la rotonda en el cruce de Los Cazadores, que creo que es uno de los puntos más negros que hay en la red viaria insular, y una rotonda en la entrada de Sant Carles.
-¿Y el resto?
-Sant Antoni nos ha pedido diferentes inversiones en los pueblos, en las vías insulares que atraviesan los pueblos. Nos piden pacificar el tráfico dentro de esas zonas con aceras más amplias o dignificando un poco los centros urbanos. También se nos ha solicitado que se dé una solución a Can Coix, a la altura del polideportivo hacia Cala Salada, para que el barrio pueda acceder a las instalaciones deportivas en condiciones de seguridad. Sant Josep nos ha pedido diversas rotondas; una de ellas a la entrada viniendo desde Eivissa, básicamente para sacar el tráfico de la carretera de es Cubells y que los vehículos no tengan que ir por dentro de las calles del pueblo; otra para acceder a Platges de Comte, a la altura de Sant Agustí, porque en horas punta es complicado y peligroso. Sant Joan también ha solicitado diversas infraestructuras y algún arcén a la entrada del pueblo porque parece ser que es una zona que fue expropiada por el Consell, pero no está siendo usada. También alguna rotonda en el cruce de Benirràs, por ejemplo.
-Vila, con un territorio más limitado, también necesita ayuda.
-Vila tiene el territorio que tiene, lo que significa que la afección insular es poca. Sí que hablamos de la E10 que es un tema histórico y que yo pienso que se ha enfocado mal desde el principio. En este momento, el Consell está licitando una adjudicación de la modificación del proyecto. Desde mi punto de vista, no tiene sentido que los proyectos de reforma de las vías insulares -cuando atraviesan núcleos urbanos-, y esto también lo digo por Ca na Negreta, los haga el Consell. Al final, esas vías se van a ceder al ayuntamiento correspondiente y no tiene sentido que sea el Consell quien decida cómo se va a hacer un tipo de obra. Entonces, siempre he dicho que tendría que ser el ayuntamiento quien redactara el proyecto con el dinero del Consell y ejecutara la obra, si fuera posible, con el dinero del Consell. Sin embargo, me he encontrado esto -en el caso de la E10- hecho de esta manera y es el Consell quien redacta la modificación. Y vamos a seguir adelante intentando coordinarnos con Vila; luego ya veremos quién lo ejecuta.
- ¿Qué pasa con Ca na Negreta?
-Esta situación no me la he encontrado porque el Consell no había hecho absolutamente nada en esta travesía. Por eso, soy partidario de que lo redacte Santa Eulària y lo financie el Consell.
-Otra de sus áreas es la de Urbanisme. ¿Qué pasa con el PGOU de algunos municipios?
-Aquí hay una diferencia clara. Están Sant Joan y Santa Eulària que tienen planeamientos urbanísticos ‘actuales', eso no quiere decir que no se necesiten modificaciones puntuales que le permitan ser flexible y adaptarse a la realidad. Yo no soy partidario de hacer grandes planes porque se tarda 10 años y, mientras tanto, se queda embarrado. Por otro lado están Sant Josep, Sant Antoni y Vila, que tienen unos planeamientos de los 80 y eso es un drama porque son planeamientos obsoletos. Por un lado está Vila, que todos conocemos el vía crucis que está pasando con el PGOU. Llevan tres o cuatro años tramitando el nuevo Plan General. ¿Qué problema se encontraron con el anterior Consell? Que cuando llevaron todo el planeamiento, les dijo que no se podía aprobar en estas condiciones y lo devolvió al Ayuntamiento. Ahora dicen que están trabajando en incorporar lo que se les ha pedido y, lo más probable, es que este nuevo documento tenga que volverse a exponer al público.
-¿Quiere decir que van a intentar que se apruebe lo antes posible?
-Van a tener la máxima colaboración por parte del Consell, dentro de la legalidad. Y si no se puede aprobar se buscará otro mecanismo para poder aprobar el planeamiento de Vila. El fallo siempre ha sido la falta de dirección política de los servicios jurídicos potentes que tiene esta casa. Mi compromiso es el de hacer todo lo posible para aprobarlo, si no de aprobar unas normas que permitan desarrollarlo.
- ¿Y Sant Josep y Sant Antoni?
-Están en situaciones parecidas; quizás San Josep tenga problemas legales más importantes, derivados de una dinámica que se conoce desde hace décadas, y están desesperados por tener un PGOU actualizado, al menos transitorio que les solucione el día a día mientras hacen el Plan General. Por mucho que se diga que la LUIB iba a facilitar los planeamientos se ha visto que es complicado, como mínimo, y por tanto hacen falta normas provisionales; por lo menos a Sant Josep que nos lo ha pedido expresamente y, por ello, estamos trabajando en ello para ayudarles. En Sant Antoni más o menos lo mismo, aunque quizás no tenga problemas de legalidad.
- ¿Por qué es tan necesario adaptar el PGOU?
-Es muy importante porque estas cosas parecen muy filosóficas cuando hablas de ellas, pero tienen incidencias reales. Faltan VPOs, faltan equipamientos y, sobre todo, tenemos mucha presión en el suelo rústico. Nos creemos que por limitar la construcción en suelo rústico solucionamos el problema, pero la presión es la consecuencia, no el problema. Hay mucha presión, en parte, porque no se están desarrollando los suelos urbanos y eso es un problema enorme. Estamos expulsando a la gente al suelo rústico y a las zonas turísticas que son más baratas. Y esas personas luego exigen, como es lógico, servicios y los servicios tienen que estar concentrados en las zonas residenciales. Esa falta de suelo urbano o de que los suelos urbanizables no se desarrollan, ese bloqueo está generando, en parte, tensiones en los suelos urbanos turísticos y tensiones en los suelos rústicos. Todos queremos que no se construya en suelo rústico, pero no damos salida a los suelos urbanos y, a la vez, queremos que prohibiendo los suelos rústicos y sin desarrollar los suelos urbanos, baje el precio. Y esto no es así. Yo, como concejal de Urbanisme, y Vicent como alcalde, hemos sufrido mucho la falta de sensibilidad de muchas administraciones públicas cuando intentábamos aprobar modificaciones puntuales del planeamiento de Santa Eulària para adaptarlo poco a poco. Y como sabemos lo que es y la impotencia que genera, somos muy conscientes de esas demandas. Por eso entiendo perfectamente al alcalde de Sant Josep.
- En cuanto a las cédulas de habitabilidad, el anterior gobierno habló de eliminarlas. ¿Sigue en pie esta idea?
-Está muy bien que lo dijeran cuatro años después de gobernar, pero las podían haber quitado antes. Las cédulas de habitabilidad se están usando, prácticamente, para disciplina urbanística; es decir, para controlar que en una obra antigua no haya infracciones. Y las infracciones las tienen que controlar los departamentos de disciplina urbanística, no la habitabilidad. Yo he planteado a los cinco ayuntamientos qué hacemos con las cédulas y todos me han dicho que las quieren eliminar. Ahora tenemos que buscar el procedimiento. Por un lado, se puede hacer algún tipo de decreto insular para eliminarlas. Si no es posible porque hay que tocar alguna ley, y sería potestad del Parlament, haremos una propuesta al Govern para que presenten un decreto ley para que las elimine o, por lo menos, que permita a los consells que así lo quieran, eliminarlas. Y si ninguna de estas dos vías llega a buen puerto, haremos un poco de gestión técnica, es decir, se podría plantear ceder a los ayuntamientos la competencia de las cédulas de habitabilidad de primera ocupación para que en el mismo trámite de final de obra y licencia de ocupación, también se dé la primera ocupación.
- ¿Qué es lo peor que se han encontrado al llegar al Consell?
-Lo peor, en mis áreas, es el desánimo que había en el tema de los inspectores de Turisme y de Transports. Nos sorprendió mucho la falta de cariño que tenían los técnicos que tramitan las sanciones de estas dos áreas. Se ha metido mucha caña a estos departamentos porque, es cierto, el Consell no ha llegado donde tenía que llegar. Además, los políticos que había decían que no podían hacer más y lo peor que pueden decir los políticos es que no se puede hacer más. Eso genera una situación de indisciplina que, aunque sea verdad, no puedes admitirla porque genera impunidad que, con el boca a boca, va trascendiendo. Lo que más me sorprendió al llegar es ver que no había inspecciones programadas de en Transports. Las únicas que se hacían era tres o cuatro veces al mes cuando venían inspectores del Govern aquí a hacer el trabajo; luego el departamento de transportes tramitaba las sanciones correspondientes. También nos llamó la atención la falta de seguridad que tenían los inspectores de Turisme, no solo física, sino de ‘esto no lo podemos hacer', ‘esto no se puede tramitar así'.
-¿A qué se refiere?
-En la primera reunión que tuvimos pregunté por qué no se habían cerrado pisos turísticos. Nos decían que eso era complicado, pero noté que lo que había faltado era una dirección clara que les permitiera seguir hacia adelante hasta las últimas consecuencias. No me llamó la atención la burocracia ni la lentitud de la administración, sino la falta de seguridad que tenían los inspectores. Por eso, lo que hicimos fue decirles que íbamos a estar ahí y que se iba a montar la oficina antiintrusismo, que íbamos a colaborar con la Guardia Civil a la que también se ha sumado la Policía Nacional. Con esto, los inspectores han notado un cambio brutal y esto acaba de empezar.
- La oposición critica que hacen titulares con expedientes que se han formalizado porque los abrieron ellos, como dijo el otro día Viviana de Sans.
-La señora De Sans no sé si piensa que el Consell es Podemos y que cuando Podemos deja de gobernar, el Consell cierra. Se abrirán expedientes que vienen de antes y dentro de cuatro años pasará lo mismo. No somos tan sectarios. Supongo que se están abriendo expedientes suyos y también se abrirán nuevos. Esto no es una cuestión política. El cambio pasa por explorar nuevas vías jurídicas para poder atacar más a los pisos turísticos. No solo hay que sancionar porque la sanción llega al de un año; hay que luchar para que las sanciones lleguen antes. Para mí, eso, es lo menos importante, como tampoco cambia la situación que haya un inspector más o menos. Habrá diez actas abiertas más, pero eso no cambia la situación. Lo importante es decir: ‘¿Usted tiene un piso turístico? Se lo cierro'.
-¿Se ha cerrado alguno?
-No, aún no. Estamos con las que se han abierto ahora -30 inspecciones-, se están calificando y haciendo las actas de infracción y dependiendo del tipo de infracción que sea, se podrá cerrar o no. Vamos a poner a los servicios jurídicos a trabajar con la directora insular que se incorpora en septiembre para que se adopten las medidas provisionales.
-¿Cuántas sanciones hay abiertas hasta el momento?
-Tú vas al programa y no te sabe contar cuántos expedientes hay abiertos; hay que contarlos uno a uno. Así te imaginas un poco el panorama que nos hemos encontrado. A todo el mundo le interesa cuántas multas se han puesto y cuánto se ha recaudado, pero no hay que reducirlo todo a eso porque lo que hay que ver cuántos pisos se han retirado del mercado, tanto de forma voluntaria como forzosa. Eso es lo importante; las multas están muy bien, pero sacan más dinero que lo que pagan de multa. Hay que parar el negocio. Durante cuatro años nos han estado mareando con la ‘Ley Montoro', más o menos inspectores, y no se ha hecho nada.