El centro penitenciario de Ibiza contará a partir de la próxima semana con veinte funcionarios menos. «El problema de la falta de vivienda en la isla y el que cobremos menos que en la península hace que nadie quiera trabajar aquí» , denuncian desde la Asociación de trabajadores ‘Tu Abandono Me Puede Matar'.
Según explican los trabajadores «ha habido un concurso de traslados, se van 20 y hasta dentro de dos meses no empezarán a venir compañeros para cubrir estas plazas».
De momento, según señala un portavoz de los funcionarios, «han llegado diez compañeros en prácticas que están o durmiendo en un hostal o en casa de algún conocido y se van apañando como pueden».
Estas situaciones, afirman los funcionarios, hacen que la plantilla en la cárcel de Ibiza sea muy «inestable» y que «en el plazo de uno o dos años los trabajadores se quieran ir de la isla». «El sueldo en cualquier prisión de la península es de entrada de unos 1.600 euros, a lo que van sumando complementos. Aquí en Ibiza, con la insularidad que cobramos de 85 euros, al ser una cárcel pequeña, apenas superamos los 1.500 euros», apuntan por lo que «es difícil subsistir».
En este sentido recuerdan que llevan tiempo pidiendo que se equipare la insularidad de la isla con la de las Canarias, donde ese plus supone 270 euros más. «Aunque de momento, con la situación que vive el país, solo nos dan largas», asegura.
Informe Defensor del Pueblo
Con respecto a las deficiencias de la prisión que destapaba el reciente informe del Defensor del Pueblo, fuentes penitenciarias señalaron a Periódico de Ibiza y Formentera que es difícil que la cárcel cumpla con ciertos criterios porque se diseñó en 1984 y «los criterios tanto de seguridad como arquitectónicos o de separación interior de entonces no tienen nada que ver con los de ahora». Así, admitieron que la separación de las presas no es posible por falta de espacio pero señalaron que «en Ibiza solo hay cuatro mujeres presas y que no existe ningún problema de convivencia entre ellas. Además están perfectamente integradas en las actividades con el resto de presos».
En cuanto al problema de acceso para vehículos de emergencias, estas mismas fuentes señalaron que «es imposible hacer una reforma porque habría que tirar un edificio abajo».
Después de las recomendaciones del Defensor del Pueblo en 2018, el centro penitenciario «guarda las imágenes de videovigilancia durante un mes» y «en las celdas suele haber uno o dos presos, nunca más», aseguran.
El informe apuntaba también la falta de cursos de formación en inmovilización mecánica destinados a funcionarios de prisiones. En este sentido, fuentes penitenciarias indicaron que «el pasado mes de mayo se llevó a cabo un curso de defensa personal en el que se instruyó a los asistentes en esta técnica». No obstante, «no consideran que sea algo necesario ya que esta prisión no tiene problemas de convivencia y rara vez se inmoviliza de esta forma a un preso».
Con respecto a esta cuestión, los funcionarios de interior apuntaron que «los cursos se hacen cada tres o cuatro años y no es suficiente. La mayoría los hacemos por nuestra cuenta porque aunque no es algo habitual consideramos que es algo que debemos saber hacer». De hecho, apuntaron que «debería formarse desde el principio a los compañeros de prácticas nuevos, ya que la mayoría de las veces no podremos tutelarlos debido a la falta de personal y se van a enfrentar a muchas situaciones de nuevas ellos solos».
EL APUNTE
Servicios Sociales descarta instalar un centro de internamiento de menores en Ibiza
Otra de las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo era crear un centro de internamiento de menores «infractores» en Ibiza para el cumplimiento de la privación de la libertad ya sea de forma cautelar o definitiva, algo que no se llevará a cabo.
La conselleria de Servicios Sociales explicó que es algo que «se miró, pero el ratio de menores en estos centros sería de ocho chicos y con estas cifras no se puede hacer». «En Mallorca hay dos centros de este tipo y el pasado año de media hubo 70 menores en cada uno», explicaron. Asimismo, añadieron que «la Fiscalía está en Mallorca, por lo que de todas formas hay que trasladarlos».
Según señalaron desde la conselleria, en su momento ya expusieron los motivos al Defensor del Pueblo y el tema quedó zanjado.