La segunda y última jornada del V Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza reunió las diferentes propuestas políticas en torno a las viviendas vacacionales que tienen los municipios de la isla.
De este modo, Vicent Roig, moderador de la mesa redonda, detalló que las instituciones van por buen camino -en lo que a plurifamiliares se refiere-, pero incidió en la importancia de apostar por un turismo residencial, «un turismo que aporte a la isla».
Por ello, dijo que es importante que haya voluntad común por parte de todas las administraciones, independientemente del color político que gobierne, para tratar de conseguir un turismo de «calidad». En este sentido, subrayó la necesidad de regular el uso de las viviendas y de perseguir a los infractores. «Hay personas que sí que cumplen con la normativa y sienten presión», sostuvo.
También recordó que la base para conseguirlo pasa por un mayor «control» y «el Consell está trabajando en ello en colaboración con la Guardia Civil y la policía». Además, reiteró que la máxima institución insular no tiene competencias dentro de su marco normativo para regular determinados aspectos, pero «hay que dar más información para poder actuar».
Ayuntamientos
Por su parte, Vicent Roselló, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sant Josep, explicó que el municipio apuesta por regular la vivienda turística a través de su normativa municipal y de la de las administraciones supramunicipales (Consell y Govern). «Regular más y, sobre todo, poder fiscalizar porque es muy difícil poder saber qué pasa en las viviendas que no están reguladas», justificó.
Ante esta situación, dijo que las administraciones tienen que poner más medios y recursos para ejercer un mayor control, sobre todo en lo relacionado con el intrusismo. «Nosotros tenemos noticias puntuales de casas que se alquilan de forma ilícita y se lo trasladamos a los órganos que tienen competencias para actuar», añadió; en concreto, en viviendas aisladas en el municipio que, mayoritariamente, son casas unifamiliares en suelo rústico.
En cuanto a Vila, Aitor Morrás, concejal de Vivienda, matizó que hay que hacer una «reflexión» que abarque tanto el derecho a la vivienda como el derecho a alquilar una vivienda. «Tiene que cumplir una función social y tener un uso residencial; no se puede destinar al uso turístico porque hay una presión insoportable de subida de precios para la sociedad de Ibiza», indicó.
Así, explicó que hay que potenciar la inspección de casas turísticas e «intentar movilizar a aquellas que están destinadas a la temporada para que sean anuales». En este sentido, recordó que, a finales de este año o en los primeros meses de 2020, se pondrá en marcha la Oficina Municipal de Vivienda con el objetivo de despejar las dudas de los ciudadanos en esta materia.
«Hay que hacer políticas activas para que la población pueda acceder al mercado inmobiliario y a un alquiler razonable todo el año», explicó; algo que «es difícil, pero lo intentaremos».
Sant Antoni habló de la reforma que está llevando a cabo en la cadena hotelera del municipio con el claro objetivo de recibir un «turismo de calidad». Asimismo, Miguel Tur, concejal de Turismo, señaló que también se trabaja para que aquellos propietarios de viviendas en suelo rústico puedan llevar a cabo cambios en sus parcelas.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Eulària, Miguel Tur Rubio, habló
de la diferencia que hay entre este municipio y algunos de la isla. «Tenemos zonas muy bien definidas, turísticas y residenciales, lo que nos permite tener el alquiler turístico en una zona determinada», detalló.
Por este motivo, dijo que las propuestas del Consistorio seguirán el mismo camino que hasta ahora: continuar con la separación de usos y dotar al sector turístico de seguridad.