El 31 de marzo de 2017 el pleno del Consell d'Eivissa aprobaba por vía de urgencia y por unanimidad de todos los consellers el reglamento de la Cartera de Servicios Sociales, un documento que detalla el conjunto de prestaciones sociales que la institución insular se compromete a ofrecer a los ciudadanos. «Hoy es un día histórico», comentó la entonces consellera de Benestar Social, la podemita Lydia Jurado, ante los representantes de las asociaciones sociosanitarias presentes en la sesión plenaria.
Sin embargo, dos años y medio después, el Consell d'Eivissa sigue sin aprobar definitivamente el texto y todo apunta a que «muy probablemente» va a quedarse en un cajón, apuntan desde el departamento de Benestar Social. Y es que la intención del nuevo equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, es elaborar un nuevo texto que no comprometa las arcas de la institución insular como sí hace el texto actual, aseguran, ya que entre otros motivos, carece de estudio económico y se otorgan servicios que son competencia del Govern.
La aprobación de este catálogo de servicios sociales suponía el primer paso para el cambio de paradigma en las relaciones entre el Consell y las entidades sociosanitarias, ya que abría la posibilidad de que la institución insular contratara a estas asociaciones de atención a la dependencia a través de conciertos durante un periodo de cuatro años en vez de financiarlas a través de subvenciones anuales, como ha sido el caso hasta el momento.
Una situación que supondría un alivio financiero para estas entidades sociales, que en la legislatura pasada denunciaron en varias ocasiones estar con el agua al cuello por el retraso en el pago de estas ayudas. No obstante, si el equipo de gobierno del Consell decide dar marcha atrás en la tramitación de esta Cartera de Servicios Sociales, esta situación se alargará en el tiempo.
Sin estudio económico
Entre los informes y dictámenes sobre la Cartera de Servicios Sociales que han elaborado de diferentes organismos, el del Consell Econòmic i Social de les Illes Baleas (CES) del 5 de marzo de 2019 pone de manifiesto que el documento elaborado por el Consell d'Eivissa carece de un estudio «que valore el impacto económico y presupuestario de esa cartera».
Además, alerta de que la mayoría de las prestaciones previstas en el catálogo son garantizadas, es decir, que el Consell tendrá que prestar obligatoriamente dichos servicios «siendo incluso exigibles ante los tribunales de justicia», sea cual sea la disponibilidad presupuestaria de la institución.
Advertencias del Govern
La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern también realizó en la legislatura pasada, el 11 de mayo de 2017, otro informe jurídico en el que recomienda al Consell d'Eivissa «revisar las prestaciones que efectivamente se prestan como garantizadas» ya que, según advierte el Govern, el Ejecutivo balear ya no tendrá ninguna obligación de financiar dichos servicios y «desde el Consell se tendrá que asumir el coste de todos los casos que no pueda asumir la administración autonómica».
También avisa la Conselleria de Benestar Social que servicios que el Consell garantiza en su cartera de servicios para discapacitados como el de atención integral y promoción de la autonomía, el servicio de centro de día, el de vivienda supervisada o el de residencia «son competencia del Govern balear». Además, también propone que se eliminen de la cartera las prestaciones económicas para entidades en materia de servicios sociales.