Dos meses después del inicio oficial del curso, la junta de personal docente de Ibiza y Formentera hace un balance del arranque del mismo y afirman que se deben mejorar muchas cosas. En este sentido, ayer en rueda de prensa afirmaron que la calidad educativa en Ibiza y Formentera se resiente cada vez más y exigen al Govern que configure unas mesas sectoriales pitiusas para así poder luchar por las necesidades de los alumnos pitiusos. «Un año más ha empezado el curso escolar con numerosas plazas sin cubrir a día 2 de septiembre e, incluso, más adelante, lo que impide organizar, planificar las labores docentes y empezar el curso con normalidad», explicaron ayer en rueda de prensa. El hecho de que no se hayan podido cubrir las plazas está vinculado a la dificultad de acceso a la vivienda en las Pitiusas, así como «el elevado coste de vida que sufre el profesorado en Ibiza y Formentera, circunstancia que dificulta que las plazas se cubran». Por ello, instan a la Conselleria d'Educació del Govern a que «reconozca este problema y dé soluciones ante la falta de estabilidad de las plantillas docentes en las Pitiusas. Especialmente preocupante es el caso de Formentera y de las enseñanzas del régimen especial. Reclamamos una política clara y decidida en el acceso a la vivienda para los docentes», expresaron. Por lo que respecta a las infraestructuras, afirmaron que las instalaciones no se adecúan a la presión demográfica que tienen Ibiza y Formentera y que en los últimos cuatro años «no se han resuelto los problemas y la presión demográfica apunta a que llegaremos a problemas todavía más importantes». Así, Santa Eulària necesita «urgentemente uno o dos centros educativos. También en Vila se hace patente la falta de un instituto», así como la Escola d'Arts «lleva demasiados años esperando unas nuevas infraestructuras».
Por otra parte, los docentes considran que el total de alumnos por clase «sigue siendo demasiado elevado, pese a que esté dentro de los márgenes permitidos por la ley». Unas ratios elevadas que «no benefician a la calidad educativa». Estos profesionales manifestaron, además, que están en contra de que se imparta religió en los centros educativos públicos. «Consideramos que la escuela pública debe ser laica y acofensional», precisaron. También se mostraron preocupados por la situación del catalán y por las quejas sobre el transporte escolar.