La plataforma por la equiparación de la indemnización de residencia de los empleados públicos estatales destinados en las Pitiusas se reunió el pasado viernes con las socialistas Sofía Hernanz y Patricia Abascal para transmitirles que el Gobierno debe pagar la productividad pendiente, así como equiparar el plus de residencia a lo que se paga en Canarias, Ceuta y Melilla. Esta plataforma está integrada por CSIF, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), el sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), así como Alternativa Sindical de Policía (ASP), Justicia Policial (JUPOL) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Esta plataforma entregó a Abascal y Hernanz el documento reivindicativo por la equiparación de la indemnización de residencia de los empleados públicos de la Administración General del Estado de Balears respecto a Canarias, Ceuta y Melilla.
«Entre otras, se les puso de manifiesto la problemática en cuanto a la inestabilidad en las plantillas por cuanto gran parte de los profesionales que son destinados a las islas, al primer concurso de traslado al que puedan concurrir piden plaza en otros territorios con lo que ello implica», afirmaron ayer a través de un comunicado. Además, pusieron de manifiesto el problema de acceso a la vivienda que existe en las Pitiusas «con los actuales salarios que perciben los empleados públicos destinados a las Pitiusas».
También exigieron el pago de la productividad de este año, «partida presupuestaria que confirmaron que existe para este año, si bien pusieron de manifiesto el problema para proceder a su abono al encontrarnos con un gobierno en funciones», expresaron a través del comunicado. La productividad que se pagó el año pasado, según los sindicatos antes mencionados, no fue abonada a la totalidad de empleados públicos estatales ya que la administración central «obvió la existencia de determinados colectivos que igualmente debieron percibir dichas cantidades, circunstancia que igualmente se les trasladó». En este sentido, exigieron a Abascal y Hernanz que «articulen los mecanismos necesarios para el desbloqueo de dicha partida».