El departamento de Gestió del Territori del Consell d'Eivissa ha ordenado la inmediata suspensión de los actos de construcción o instalación, o cualquier otra transformación o uso del suelo, que se estaban ejecutando en una parcela en rústico común de Sant Josep.
Según informaron ayer desde la máxima institución insular, tras recibir un escrito de denuncia y fotografías de los trabajos en septiembre de 2019, el celador pudo comprobar cómo en la finca se construían varias edificaciones y una piscina, con características propias de un establecimiento turístico. El celador manifestó que la propiedad de la finca reconoció que no disponía de licencia de obras. Ahora, el incumplimiento de esta orden de suspensión puede suponer la imposición de multas coercitivas sucesivas para periodos mínimos de diez días y una cuantía en cada ocasión del 10 por ciento del valor de las obras ejecutadas y, como mínimo, de 600 euros.
Según informó el Consell d'Eivissa, la medida cautelar no frena la vía administrativa y admite un recurso de alzada en el plazo de un mes. Contra la desestimación expresa del recurso se puede interponer un contencioso administrativo en el plazo de dos meses o cualquier otro recurso que la propiedad considere oportuno.
Acción de Sant Josep
Desde el departamento de Gestió del Territori hicieron constar ayer que los procedimientos que manifiestan que no han existido por parte del Ayuntamiento de Sant Josep «se deben a que, pese a los requerimientos hechos por el Consell d'Eivissa, no han sido comunicados al Consell». Desde el Ayuntamiento de Sant Josep afirmaron ayer que la primera visita se hizo de manera conjunta entre un celador del Consistorio y otro de la máxima institución insular hace tres semanas. Una semana después, el trabajador municipal regresó a la obra para hacer unas mediciones. Según explicaron desde el Ayuntamiento de Sant Josep, la propiedad ha presentado tres solicitudes para iniciar tres expedientes de legalización, demolición y segregación. En estos momentos, se están estudiando estas solicitudes y están pendientes de resolución, precisaron desde el Consistorio. Desde el Ayuntamiento de Sant Josep recordaron que, precisamente, el titular de las acciones en suelo rústico-común es el Ayuntamiento.
Por su parte, el Consell recordó que la pasada semana informó de dos demoliciones producidas en dos viviendas ejecutadas de manera ilegal, con la reposición del suelo que ocupaban. El conseller de Gestió del Territori, Mariano Juan, recordó que es un «compromiso del equipo de gobierno, como no podía ser de otra manera, ser escrupulosos con la preservación del entorno y el cumplimiento de las normas. En Ibiza no todo vale y el Consell debe plantar cara a los posibles incumplimientos», concluyó.