El Ayuntamiento de Sant Josep defendió ayer a través de un comunicado su instrucción del caso de las obras sin licencia del supuesto agroturismo de Sant Jordi. Un hecho por el que el Consistorio explica que abrió expediente el 10 de octubre del año pasado, por lo que defiende que se actuó de forma «diligente».
La apertura de expediente, sin embargo, no dio pie a los técnicos de disciplina urbanística municipales a considerar la necesidad de paralizar las obras de forma cautelar, según indicaron por parte del Consistorio, dado el sistema garantista de la normativa urbanística y la voluntad de la propiedad de regularizar la situación.
En el momento actual los técnicos del Ayuntamiento «comprueban que todos los expedientes presentados por la propiedad estén completos» antes de darlos por cerrados y entregarlos al Consell d'Eivissa.
El Consistorio defiende en la nota que «la actuación municipal ha sido diligente en todo momento y de acuerdo con los procedimientos que son de su competencia, sin que en ningún caso se pueda argumentar falta de vigilancia».
Inicio por denuncia
El expediente de disciplina urbanística por estas obras, situadas en una parcela de Sant Jordi cercana a la carretera de Sant Josep, se inició a raíz de la denuncia de un particular el día 4 de octubre, conforme al relato del Ayuntamiento. El particular también remitió la denuncia al Consell d' Eivissa.
Fruto de la misma el día 7 de octubre los técnicos municipales deciden abrir expediente de infracción, al encontrarse la obra en suelo rústico común, de su competencia.
Dada la «relación fluida» entre los gabinetes de disciplina urbanística del Consell y Ayuntamiento, el 10 de octubre se realiza una inspección conjunta por parte de los celadores de ambas instituciones. En esta inspección se detecta que las obras en suelo rústico de esta parcela no tienen licencia, algo que reconoce la propietaria de la finca que se personó en esa primera inspección.
El celador municipal realizó una segunda inspección en la que midió el alcance de las obras no autorizadas. En esta segunda visita la propiedad de la finca colaboró en todo lo requerido.
Intención de regularizar
Antes del plazo de dos meses que fija la ley, el 4 de diciembre, los promotores de la obra dieron entrada en el Ayuntamiento de tres expedientes con el objetivo de regularizar los trabajos: uno de legalización, otro de segregación y un tercero de demolición.
Ante la recepción de estos expedientes, los servicios urbanísticos detienen la instrucción de la posible infracción mientras se estudiaba la documentación aportada para restablecer la legalidad urbanística vulnerada. Una actuación a la que obliga el ordenamiento jurídico y sus garantías, según explica el Consistorio.
En la orden de suspensión cautelar, emitida por el Consell d'Eivissa el 20 de diciembre, se requieren estos expedientes de legalización.
Orden recibida en enero
Desde el Consisitorio quisieron puntualizar que la notificación de la suspensión de obra y requerimiento de expediente del Consell fue comunicada oficialmente el 8 de enero.
Si bien se tuvo constancia de ella el 23 de diciembre a raíz del requerimiento por diversos medios de comunicación para que se valorase la suspensión de las obras que el Consell d'Eivissa había anunciado en un comunicado de prensa.
Recuerdan que en este escrito el propio Consell rectificó ese mismo día la acusación de «inacción» al Ayuntamiento de Sant Josep, indicando en una corrección que el desconocimiento de si existían esas acciones no implicaba que no se hubiesen llevado a cabo.
Manifiestan además que, dado que la primera inspección se hizo de forma conjunta, la administración insular era «plenamente consciente» del inicio de un expediente de infracción.
Respecto a la tardanza en la localización de estas obras ilegales, ya muy avanzada en el momento de su suspensión, el Ayuntamiento justificó que existen muchos factores que podrían haber llevado a no localizar antes esta infracción. Aseguraron que la institución actuó «fulminantemente» desde el primer momento en que tuvo constancia de la infracción.
El Consell estima que las obras se iniciaron a principios de 2018, fruto de unas fotografías aereas tomadas en abril de ese año que ya muestran el inicio de las mismas.
El Ayuntamiento concluye la nota manifestando que estará vigilante de la evolución de un caso «que desde el Consell parecen muy interesados en instruir». Indican que confían en que se mantenga la celeridad en la instrucción de este caso por tal de llegar a una solución rápida «que es del interés de todos».
EL APUNTE
El Consell no desea subrogarse en este caso
El conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, indicó ayer que el único interés del Consell en este caso es «que se cumpla con la Ley y que si hay una obra ilegal se pare». Recordó que la competencia en materia urbanística en suelo rústico común es del Ayuntamiento y manifestó que la resolución de suspender la obra ilegal se tomó «por una cuestión de premura y eficacia». Aseguró que no existe «ningún interés» en subrogarse o no subrogarse por parte del Consell. «Si existe expediente municipal, el Consell se retira y sigue el Ayuntamiento», manifestó.