El Consell d'Eivissa ha anunciado este miércoles un plan de medidas de agilización y flexibilización con el objetivo de incentivar la actividad económica insular, un proyecto que ha sido elevado ya al Govern balear.
Según ha informado en rueda de prensa el presidente de la institución insular, Vicent Marí, el documento incluye 45 medidas estructuradas en cuatro ejes. Entre ellas se incluyen medidas concretas de ordenación territorial o medioambiental, control del intrusismo o temporalidad de las medidas.
Los distintos grupos políticos del Consell han realizado aportaciones, así como sindicatos y patronales. «De las reuniones mantenidas, de las preocupaciones expresadas y desde la voluntad de trabajar conjuntamente, se ha planteado una serie de propuestas concretas y realistas con un único objetivo: avanzar con seguridad hacia un futuro incierto y preocupante», ha dicho Marí, quien ha detallado que el documento forma parte de un plan «más amplio de actuaciones» para paliar la crisis del COVID-19.
Estas acciones supondrán, además, una mejora para ciudadanos y para la Isla, según Marí. «Se trata de una intervención transversal que cubre distintas líneas y ámbitos de actuación para incentivar e incrementar la actividad de los sectores más castigados por la crisis», ha añadido.
Así, en relación a ordenación territorial y medioambiental, se prevén medidas para agilizar la gestión y tramitación, como permitir al Consell suprimir las cédulas de habitabilidad, eliminar licencias de obra para instalaciones existentes que no alteren los parámetros de ocupación y altura, o cambios de usos de las edificaciones.
También se piden medidas para agilizar la aprobación de planeamientos urbanísticos, estableciendo una regla general ambiental para modificaciones de planeamientos generales relativos a la ordenación del suelo exclusivamente urbano con escasa incidencia, reduciendo la tramitación de los Estudios de Detalle.
SOBRE CONTROL DEL INTRUSISMO
En cuanto a medidas para el control del intrusismo y protección de actividades legales, se ha solicitado al Govern que los inspectores puedan actuar igual que los destinados a combatir el turismo de excesos, que no deben identificarse para realizar un control.
También se establece la creación de un registro de infractores en materia de transporte terrestre, con obligación de que empresas de alquiler de vehículos no puedan realizar contratos con personas incluidas en el registro.
Sobre el alquiler turístico, se solicita que los responsables de comercialización de estancias turísticas no puedan quedar exculpados con la presentación de un contrato de alquiler. Además, se pide modificar la Ley Turística en relación a la realización de la actividad turística en viviendas plurifamiliares, acción catalogada como «infracción muy grave».
Finalmente, se ha pedido también la adopción de medidas de agilización en materia social.