La asociación de vecinos y comerciantes del Puerto de Ibiza se concentró ayer frente a la yogurtería La Bomba para reclamar que todas las zonas de terraza sean gestionadas por el Ayuntamiento de Eivissa con el fin de no pagar impuestos este verano –como ha garantizado el Consistorio en las zonas bajo su jurisdicción– vista la poca afluencia de turistas que se espera para este verano. Se da la circunstancia de que en la fachada marítima hay terrazas cuyos impuestos se pagan a Vila y otras a la Autoritat Portuària, que no eximirá el pago de tasas sino que las rebajará ya que éstas dependen del Gobierno, que es quien gestiona Puertos del Estado y, por tanto, el puerto de Ibiza.
El presidente de la asociación, Joaquín Manuel Senén, subrayó la injusticia que supone, en su opinión, que haya unos comerciantes que vayan a pagar por sus terrazas a la Autoritat Portuària de Balears (APB), mientras que aquellos cuya zona pertenece al Ayuntamiento de Eivissa se verán exentos de ella cuando apenas están separadas por unos pocos metros, separadas por una marca de color azul pintada en el suelo. «Dentro de lo duro que va a ser el verano, lo que pedimos, al menos, es que, al menos, nos den estas facilidades y no nos cobren la ocupación terraza», insistió Senén.
Vila y APB
Actualmente, hay parte de ellas que pertenecen al Ayuntamiento, otras a la APB (Puertos del Estado) y otras, incluso, están repartidas entre las dos entidades, lo que hace más complicada su gestión. En opinión de Senén, se trata de algo «contradictorio e injusto». En este sentido, una veintena pertenecen a Vila, mientras que otras alrededor de 20 tienen terrazas compartidas entre APB y Vila. El hecho de que en una misma zona haya terrazas que este verano no vayan a pagar por la terraza y otras que sí, aunque sea menos, está llevando a algunos empresarios a retrasar sus aperturas «porque solo abrir la persiana ya cuesta» e, incluso, hay algunos que podrían no abrir. En la actualidad, en la fase 1 que permite abrir las terrazas al 50%, únicamente están abiertos Can Pou y Mar y Sol en esta zona.
El representante de los comerciantes del puerto de Ibiza recordó que, a finales de los años 60, las terrazas se repartieron entre el Ayuntamiento y la APB y que, pese a que desde hace años se está intentando homogeneizar la zona haciendo que toda ella pertenezca al Ayuntamiento, la solución depende del Gobierno central, que es quien controla a Puertos del Estado y a la APB. Pese a todo, los comerciantes se habrían conformado «si la Autoridad Portuaria no hubiera cobrado las terrazas».
Pendientes del acuerdo entre el Gobierno central y el Ayuntamiento para que todo pase a depender del segundo, Senén aseguró que todos los comerciantes de la asociación están unidos en su reivindicación, sin importar de quién dependa la terraza de cada uno. En este sentido, recordó que, hace cinco años ya expuso este problema a la presidenta del Govern, Francina Armengol; el entonces presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres; y el candidato a alcalde de Vila, Rafa Ruiz, durante un paseo por el puerto. Entonces, Armengol replicó que aquello no era posible. «¿Cómo no puede ser una cosa así?», se preguntó Senén.
Se trata de alrededor de unas 40 terrazas, cada una de las cuales paga entre 6.000 y 12.000 euros por temporada durante esta época, dependiendo de la superficie y de la duración de la concesión, según los datos aportados por los empresarios. Senén rechazó un descuento en el pago y reiteró la necesidad de no pagar la cuota.
Según dijo, Ruiz habló ya con el presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, el pasado lunes sobre este tema.
La respuesta
Por parte del gestor portuario, un portavoz de APB explicó que no pueden eximir del pago de las tasas porque éstas vienen marcadas por el Gobierno ya que es quien controla Puertos del Estado y, por tanto, los puertos que dependen de este organismo estatal, como es el caso del de Ibiza. Para paliar en la medida de la posible las consecuenicas negativas económicas de la crisis del coronavirus, APB hace el «máximo esfuerzo hasta donde lo permita la ley». En este sentido, en el puerto se cobran dos tipos de tasas, la de ocupación y la de actividad. En cuanto a la primera, aquellos usuarios con derecho a terraza pero que no hayan abierto o no quieran abrir se les extingue el título de autorización, por lo que, de esta forma, no pagarán la tasa. Para los que vayan a abrir, se les extinguirá el título actual y se les otorgarán nuevos títulos en condiciones económicas más ventajosas ya que se reducirá la tasa de actividad exigida a los mínimos legales permitidos. Además, en aquellos establecimientos en que las condiciones del espacio portuario lo permitan, se estudiará la posibilidad de ampliar la zona de ocupación para sillas y mesas, con el objetivo de adaptarse a los nuevos condicionantes que las exigencias de salud y distanciamiento social imponen.
«La extinción de los títulos con efectos del día que entró en vigor el estado de alarma es la única vía que evitará que los títulos vigentes sigan devengando tasas, aun cuando no hayan podido desarrollar la actividad. El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo no contempla la exención de tasa, por lo que el Consejo de Administración de la APB acordó en su última sesión extinguir las autorizaciones de ocupación vigentes, si el autorizado lo solicita», explicaron desde APB. A todo esto se suma, según apuntaron desde el gestor portuario, que la APB ha suspendido temporalmente la emisión de liquidaciones por tasas de ocupación y actividad a todos los concesionarios y autorizados. «Si bien las tasas se abonan por adelantado a inicios de año, a día de hoy no se ha liquidado ninguna cantidad o tasa correspondiente al ejercicio de 2020 en concepto de ocupación y actividad, por lo que ningún concesionario o autorizado ha abonado aún importe alguno por estos conceptos», precisaron desde APB.