Más vale un mal acuerdo que un buen pleito, dicen los abogados curtidos en juzgados y tribunales. Es la máxima que quiere aplicar el Consell d'Eivissa con la plataforma Airbnb respecto a los anuncios de alojamientos turísticos ilegales.
Desde el año pasado trabaja en un convenio con el portal para facilitar la retirada de anuncios de establecimientos turísticos ilegales. En un primer borrador del convenio se planteó que la plataforma retirase todos los anuncios en los que no constase la licencia de actividad turística. Pero las exigencias se han rebajado para poder alcanzar un acuerdo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró a finales de 2019 que Airbnb es un «servicio de la sociedad de la información». No es un comercializador, sencillamente hace de intermediario entre arrendatarios y arrendadores. Eso cambia las reglas del juego.
La sentencia llegó en el momento en el que los juristas del Consell iban a retomar el expediente sancionador que la institución había archivado debido a una tramitación incorrecta. Se había notificado a Airbnb Irlanda la sanción contra Airbnb España. Ante la decisión judicial ya no tenía sentido retomarlo.
La legislación europea invalida el precepto que permite sancionar a las plataformas de comercialización de estancias turísticas si no retiran anuncios de establecimientos ilegales.
La directiva 2000/31/CE libera a los prestadores de servicio de la sociedad de la información de la obligación de supervisar «hechos o circunstancias que indiquen actividades ilegales» y los estados no pueden exigir esta supervisión.
Es por ello que el Consell ultima un convenio por el que Airbnb se comprometerá a retirar los anuncio de viviendas que hayan sido objeto de un procedimiento sancionador. «Si el Consell insular detecta un piso turístico ilegal e indica que su anuncio se tiene que retirar, notificará a Airbnb la resolución y se deberá retirar automáticamente el anuncio», explica el conseller de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, Mariano Juan.
Lamenta que el fallo judicial ahora obliga a actuar caso por caso cuando «antes se podía hacer de forma masiva». Sin embargo, el nuevo convenio al menos permitirá automatizar las actuaciones y el compromiso de Airbnb de la retirada de anuncios.
«Espero que las plataformas, no solo Airbnb, entiendan que tenemos que ir a buenas, porque a malas todos saldremos perdiendo. Nosotros necesitaremos una cantidad ingente de trabajo y ellos acabarán con una multa importante si no quieren colaborar. No será por lo que se sancionó la primera vez pero será por otras razones. Airbnb lo ha entendido y colabora».
Precintos de pisos
Mariano Juan celebra que la posibilidad de precinatar los pisos turísticos ilegales se haya situado en el centro del debate. «Ningún gobierno del Consell se había planteado hacer una reforma legislativa, o varias reformas legislativas para que se pudiesen precintar los pisos», señala Juan.
El Grupo Popular ha propuesto una enmienda al decreto ley 8/2020 para modificar la Ley de Turismo de las Illes Balears e incluir un precepto que facilite el precinto de pisos. La modificación implicaría convertir las estancias turísticas en pisos en actividades económicas que necesiten licencia.
«Somos partidarios de que a estos pisos se les dé la calificación de establecimientos turísticos y deban tener una licencia de actividad, como pasa en otras comunidades autónomas. Entonces, si no tienes licencia de actividad, se puede actuar muy fácilmente».
El hecho de que actualmente estén considerados domicilios dificulta el precinto que debe ser autorizado por un juez. Actualmente el Consell trabaja a través de esta vía, explica Juan, con los procedimientos iniciados este año, dado que todos los procedimientos pendientes de 2018 que no inició el anterior ejecutivo «son de difícil justificación, dado que para precintar hay que argumentar urgencia».