Las cartas se van poniendo sobre la mesa para encontrar una salida a la compleja situación en la que se encuentran los apartamentos Don Pepe. La urbanización de dos edificios en es Codolar solo es parcialmente legal, según el Ayuntamiento de Sant Josep. El edificio B se construyó con licencia, pero no existe licencia para el edificio A. Está fuera de ordenación. Su existencia es legalmente aceptable, pero no se puede actuar para mantenerlo. Hasta que se caiga.
El pasado 4 de junio empezó un calvario para algunos de los vecinos del edificio A. El Ayuntamiento decidió desalojar la escalera 1 porque veía «riesgo inminente para la seguridad de las personas» por deficiencias estructurales. Días después, el 23 de junio, desalojaba la escalera 2.
Desde entonces, el equipo técnico de la comunidad de vecinos trabaja para demostrarle al Ayuntamiento que el edificio se encuentra en situación legal y es posible su reparación. El miércoles pasado se reunieron con miembros del Consistorio con una estrategia definida.
Plantearon un argumentario sólido basado en documentación oficial. Presentaron la escritura de obra nueva de 1965, el permiso militar para construir los bloques o las cédulas de habitabilidad de las viviendas. Dicen que hay indicios suficientes para entender que el edificio A se hizo con licencia, pero ésta no se emitió documentalmente o se perdió.
El Ayuntamiento de Sant Josep indica que los indicios no bastan. Jurídicamente necesita certezas para poder autorizar los trabajos necesarios en la estructura. La documentación presentada, siendo sólida, la consideran insuficiente.
Pero la comunidad puso un extra sobre la mesa. Un informe técnico de un arquitecto perito que asegura que las obras de reparación no sólo son técnicamente viables sino que el tipo de trabajos necesarios «hacen irrelevante la condición de fuera de ordenación» del inmueble. Además, certifica que no existe «riesgo inminente» para la estructura del edificio.
Éste sería la base para la solicitud presentada el 11 de agosto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma de medidas cautelares para permitir el regreso a sus casas de los vecinos de la escalera 2
El informe
En las conclusiones a las que llega el arquitecto técnico pericial, contratado por la comunidad de vecinos para evaluar la situación del edificio, se considera «técnicamente viable que se actúe puntualmente en los inmuebles objeto de análisis (el edificio A y el B) para garantizar el cumplimento de la orden de ejecución y el deber de conservación».
Todo ello sin perjuicio de las medidas municipales que puedan llevarse a cabo por la situación urbanística del inmueble.
Pero la situación urbanística no impediría las obras de mantenimiento. Dado que para estos trabajos no es necesaria licencia, el informe valora la condición de «fuera de ordenación» irrelevante en este caso, sobre todo, cuando impera la «garantía de seguridad, salubridad e higiene», de forma puntual, de los inmuebles existentes.
Además recuerda que el uso y disfrute de los apartamentos ha sido «consentido» por la propia administración y, en todo caso, habría prescrito el restablecimiento de la realidad física alterada.
La comunidad de vecinos recalca este hecho. No sólo se ha consentido la existencia del inmueble sino que todos los vecinos pagan sus tasas municipales desde siempre. Además aseguran que en 2015 el Consistorio autorizó que Aena insonorizara todas las viviendas «excepto la quinta planta, que se consideraba fuera de ordenación». «¿Por qué ahora no se permiten unos trabajos equiparables a aquellos?», se preguntan los vecinos.
Respecto a la situación actual del edificio, el informe detalla que no existe «riesgo inminente» en la estructura, por lo que no considera justificado el apuntalamiento urgente de las viviendas de la escalera 2 ni de ninguna otra vivienda del edificio.
Recomienda hacer comprobaciones de toda la estructura y «ejecutar un proyecto de rehabilitación integral de los edificios, redactado por un técnico especialista en patologías, con hipótesis ciertas y comprobadas, con las soluciones generales de cada patología».
El informe llega a dar una estimación al céntimo de los costes de los trabajos de reparación. Indica que ascenderían a 76.321,48 euros. Muy lejos de las estimaciones hechas por el Consistorio josepí, que valora que los trabajos podrían suponer «ruina económica» del edificio.
Indicios de licencia
La reunión entre los representantes de la comunidad de vecinos y el Ayuntamiento duró unas dos horas y fue muy tensa. La presidenta de la comunidad de vecinos, Silvia Hernández, acudió junto al abogado y la arquitecta técnica de la comunidad. Presentaron una serie de documentos e indicios que aseguran que demuestran de forma palmaria que el edificio A está en situación legal.
Primero, el expediente número 38. La carpeta en la que se encuentran los documentos de los Don Pepe que tiene el Ayuntamiento. Ahí consta la solicitud de licencia del bloque A, aunque no aparece sellada. Además, constarían los planos visados por el Colegio de Arquitectos de ambos edificios y el pago de timbre por valor de 50 pesetas. «En la ley de Timbre de 1960 se establece el pago de timbre por valor de 25 pesetas para solicitar la construcción de un edificio. Si hay 50 pesetas serían dos edificios, ¿qué sentido tendría pagar esa cantidad si se iba a construir sin licencia?», se pregunta Hernández.
Por otra parte, los edificios necesitaban un permiso militar por encontrarse en zona costera y aeroportuaria. Solicitaron al acuartelamiento de Mallorca, donde está el archivo estos permisos. «El personal se implicó mucho», recuerda la presidenta de la comunidad, «y encontraron la autorización para construir los dos bloques».
Además del permiso militar, también entregaron la escritura de obra nueva, concedida por un notario en 1965. En ella constan los dos bloques, incluidas las quintas plantas.
Ahí estarían las pruebas más sólidas, pero además se entregó la división horizontal hecha en 1975, cédulas de habitabilidad concedidas a finalización de la obra y los justificantes del pago del IBI desde la existencia de los apartamentos. «Para el Ayuntamiento todo esto son sencillamente indicios. ‘Miguitas' que podrían llevar a pensar en una licencia, pero que ésta no está. En función de eso lo consideran un edificio fuera de ordenación», precisa Hernández.
Criterio municipal
Desde el Ayuntamiento explicaron que los servicios jurídicos no pueden autorizar ningún trabajo si no existe la licencia de obra.
Señalan que la Ley de Urbanismo de Balears indica que en los edificios construidos sin licencia «no se podrá hacer ningún tipo de obra».
«La comunidad de vecinos plantea que, como se solicitó la construcción de dos edificios, la licencia que se dio a un edificio es para los dos. Pero nuestros servicios jurídicos nos indican que hay un acta de la Junta de Gobierno de 1964 da licencia al edificio B y, además, se autoriza un edificio de 36 apartamentos, cuando al final se construyeron 50.
Con esa única licencia no se puede entender que se autorizaron 100 viviendas», explicó el alcalde, Josep Marí Ribas Agustinet, respecto a la posición del Ayuntamiento en la reunión.
Es por ello que agrega que la administración no puede actuar en otro sentido que denegando esta autorización, según el criterio de los servicios jurídicos municipales. «Nos indican que tienen la intención de acudir a los juzgados, me parece correcto, estamos en un estado de derecho. Si existe una decisión judicial nosotros tendremos que acatarla», precisa.
Marí Ribas asegura que, de poder autorizarse estos trabajos, sin duda se haría: «Nos quitaríamos muchos problemas porque esto está generando un drama social del que somos conscientes».
Indica que respeta la postura y el proceso que ha emprendido la comunidad de vecinos, pero recuerda que como administración deben ceñirse puramente a criterios jurídicos y no de interpretación. Por otra parte, si bien ahora mismo consideran que no hay solución a corto plazo, también apunta a que se está trabajando en llegar a una solución a medio o largo plazo. En medio del proceso hay más de una decena de familias, algunas de ellas sin tiempo.