Los funcionarios de Balears perderán una media de 1.500 euros de sueldo con la congelación salarial que ha anunciado el Govern tanto en los Presupuestos de este año como en los del año que viene, según los cálculos que ha realizado el sindicato UGT. El Govern cifra en 57 millones de euros el ahorro total que logrará con la congelación de los sueldos de sus 38.000 trabajadores, de los que unos 5.000 pertenecen a las Pitiusas.
Los sindicatos insisten en que no se trata de una congelación salarial, sino de una bajada. Argumentan que el Govern está obligado, como mínimo, a subir el 2 % marcado este año por la ministra María Jesús Montero para todos los empleados públicos. De hecho, esgrimen que Baleares es la única comunidad donde no se ha aplicado esta subida.
Para el año que viene, la ministra de Hacienda ha aprobado una subida del 0,9 % que tampoco se aplicará en las Islas, de ahí que los sindicatos entiendan que la congelación de la que habla el Govern es, en realidad, un recorte salarial del 2,9 %.
Por esta razón ayer se celebró la segunda ronda de protestas en el archipiélago y en el caso de Ibiza tuvo lugar en el hospital Can Misses. Allí alrededor de 50 personas protestaron de manera silenciosa.
Entre ellos, se encontraba Juan Nieto, presidente de CSIF Ibiza y Formentera. Nieto señaló que la paciencia con el ejecutivo balear se les está acabando: «Hasta el momento no hay ninguna novedad por parte del Govern. Tienen un margen de una semana para convocarnos y si no lo hicieran, tendremos que valorar si incrementamos esta presión y veremos en qué términos».
El representante sindical reconoció que la situación actual no es la mejor, pero que «también hay que ser consciente de que buena parte de estos 38.000 trabajadores se ha dejado el pellejo durante esta pandemia. Al principio, todo eran palmaditas, pero, ahora, si te he visto no me acuerdo. No vamos a permitirlo».
Así pues, insistió en que lo único que reclaman es que «se cumplan los acuerdos de la mesa general de función pública del 2018 que se recogieron en los Presupustos Generales del Estado».
Además, criticó que «hoy –ayer para el lector– se ha anunciado que los políticos se van a aplicar esta congelación del 0,9% de 2021. Lo que no se ha dicho es que el 2% sí se lo han sumado a sus nóminas». «Para ellos es una forma de maquillar esta negativa», concluyó.
Contencioso-administrativo
Por otro lado, UGT ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), que ha sido admitido a trámite. El sindicato emplaza al Govern balear a convocar la Mesa general de Empleados Públicos para «reconducir la situación» y «poder llegar a un entendimiento» que evite los recortes salariales del personal público de la comunidad autónoma, según aseguran sus representantes.
«UGT ha demostrado en los momentos complicados que se puede conjugar el interés general con el respeto a los derechos de los servidores públicos, pero nunca aceptará decisiones unilaterales de un gobierno, sea del color que sea, que no dé voz a los interlocutores sociales», añaden los representantes de la entidad.
Fernando Fernández, secretario general de UGT en las Pitiusas, defendió que si «la subida salarial está aprobada en los Presupuestos Generales, cada comunidad autónoma la debe aplicar sobre sus trabajadores».
En una línea muy similar se manifestó el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO a nivel Baleares, Mario Devis. «Nos congelaron un 2% la subida que había por Decreto Ley y nos hicieron una fórmula de reabsorción en los complementos. Ahora, con esta misma fórmula quieren hacerlo con el 0,9%. Estamos hablando casi de un 3% de reabsorción. Nosotros lo que queremos es sentarnos a negociar la devolución o el pago de esta subida porque si no es un recorte», señaló.
También reconoció que la «situación en las islas no es la más adecuada». «Tenemos que ser solidarios, como siempre hemos sido, pero queremos sentarnos a negociar la calendarización de la devolución de estas cantidades porque si no es una congelación».
Además, fue muy crítico con esta medida señalando que es una más que hace que los funcionarios no quieran venir a trabajar a Baleares. «Luego tenemos porblemas para cubrir los servicios públicos en las islas», sentenció.
Las razones del Govern
El Govern argumenta la congelación salarial en la situación extraordinaria que vive la Comunitat como consecuencia de la COVID-19, que está teniendo consecuencias muy duras para los trabajadores de la Comunitat que no son empleados públicos.
El Govern señala también que, en la pasada legislatura, los sueldos de los empleados públicos aumentaron de forma notable debido a varias circunstancias, como el pago íntegro de la carrera profesional además de la recuperación de pluses y complementos que se eliminaron en la época de José Ramón Bauzá. Por último, el Govern insiste en que se ha reforzado el capítulo de personal con nuevas contrataciones en sanidad y educación.