Los vecinos de los Apartamentos Don Pepe mostraron ayer su confianza en que la llegada de Josep Marí Ribas Agustinet a la Conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern balear abra «nuevos caminos de negociación con otras administraciones» para tratar de solventar de una vez por todas la problemática que padece este inmueble desde hace más de medio año.
Según explicó ayer a el Periódico de Ibiza y Formentera la presidenta de la Comunidad de Vecinos, Silvia Hernández, «en las últimas conversaciones que tuve con Agustinet él se mostraba muy por la labor de negociar y de intentar buscar una solución para los vecinos», algo que confía que mantenga desde su nuevo cargo.
Asimismo, manifestó su confianza en que el nuevo alcalde del municipio, Ángel Luis Guerrero, «mantenga como una prioridad la solución a nuestro problema y el bienestar de los vecinos de los Apartamentos Don Pepe».
De cualquier forma, y pese a la buena sintonía existente con ambos políticos, «no tenemos previsto abandonar la vía judicial», precisó Hernández.
Una vía que en breve tiene que dar resultados. Concretamente, los vecinos están a la espera de la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento de Sant Josep al auto emitido por la misma sala, mediante el cual se requería al Consistorio a facilitar una nueva vivienda a las familias desalojadas de las escaleras 1 y 2 del bloque A mientras se realizan las obras necesarias para asegurar la estabilidad del edificio.
Apuntalamiento
Además, este mismo tribunal debe decidir sobre si autoriza al Ayuntamiento a entrar en los domicilios de la escalera 2 para llevar a cabo diversas actuaciones, entre las que se encuentran el apuntalamiento de las viviendas.
En este sentido, Silvia Hernández recordó que los informes técnicos realizados por la comunidad y firmados por arquitectos concluyen que la situación no es la que dice el Consistorio. «No hay ni ha habido riesgo inminente de derrumbe», destacó, «y el Ayuntamiento debería revisar cuál es su definición de inminencia porque ya han pasado 6 meses y aquí no ha sucedido nada», insistió la presidenta de los vecinos.
Hernández quiso poner de manifiesto a su vez la situación precaria en la que se encuentran algunos de los vecinos desalojados del edificio. En la mayoría de los casos se les acabarán en breve las ayudas que, en mayor o menor medida, les facilitaban los servicios sociales para pagar los primeros meses de alquiler. «Hay otros vecinos que solicitaron a sus bancos una moratoria de las hipotecas y, en breve, tendrán que empezar a pagar su hipoteca, más el alquiler», recalcó.
@culturajurídica Aún suponiendo que tuvieras razón, ¿te parece normal que el Ayuntamiento, a sabiendas de que son viviendas ilegales (ojo, no fuera de ordenación, si no ilegales) haya permitido durante 80 años la compra venta de esas, los cambios en catastro, la concesión de licencias de obra menor,etc,etc. Y, sobre todo haya cobrado todos los impuestos habidos y por haber? Según la ley española, un edificio Fuera de ordenación sí puede comprarse y venderse, pero una vivienda ilegal no debería ni generar impuestos ni poder generar modificaciones del catastro. Es todo un sinsentido del Ayuntamiento de Sant Josep lo mires por donde lo mires que, a sabiendas del tema ha mirado a otro lado 80 años hasta que le ha explotado en las narices.