La presidenta balear, Francina Armengol, suscribió las palabras de la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, que anunció un cambio de estrategia para evitar una nueva ola.
Font informó de que se aplicarán restricciones específicas en zonas básicas de salud con alta incidencia de COVID-19 en las que se constate la transmisión comunitaria del virus y no se identifiquen los focos de contagio. En la actualidad, Sant Antoni está, de hecho, está en el punto de mira por tener una incidencia superior a los 140 casos por cada 100.000 habitantes.
Armengol defendió el mismo argumento de Font, señalando que los técnicos veían como buena esta opción para seguir el virus más de cerca.
Cabe recordar que en Ibiza ya se hizo algo parecido cuando el Govern optaba por hacer cierres perimetrales de municipios. Por aquel entonces, se apostó por cerrar Vila y Sant Antoni, que presentaban unas cifras de casos muy elevadas. Posteriormente, también hubo un cierre de la hostelería en el centro de Vila. Esta última medida no frenó la transmisión del virus ya que los habitantes se desplazaron a otras zonas donde sí estaban los establecimientos abiertos.
Este es el motivo por el que el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet dudó de la efectividad de esta medida en el programa de debate y entrevistas Bona Nit Pitiuses de la TEF.
«Ibiza está muy intercomunicada, por lo que pienso lo mismo que pensaba (cuando se habló de los cierres perimetrales por zonas) en el Consell d'Alcaldes», señaló. «Si no ponen vallas en cada municipio, será difícil evitar el movimiento. Ahora, si es cierto que en Sant Antoni hay una incidencia mucho mayor, como parece, es conveniente actuar de alguna manera», concluyó Agustinet.