El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, expresó ayer en el Senado que el «hecho insular provoca -en Ibiza- que no se tengan los mismos servicios, garantías y oportunidades que el resto de españoles».
Así lo destacó durante su comparecencia ante la Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla. Marí detalló en Madrid las dificultades de los ibicencos por el hecho de vivir en una Isla. Así, reconoció que el hecho insular «se agrava» en el caso de zonas como Ibiza, donde el factor de la insularidad se multiplica por dos. Marí exigió también que Baleares «deje de ser el único territorio extra peninsular sin un tratamiento fiscal diferenciado que permita tener una mayor autonomía de gestión de recursos y corregir las desigualdades». En este sentido, consideró que «ha llegado el momento de convertir la teoría en práctica».
Asimismo, incidió en la importancia de mejorar la movilidad con la Península y el resto de islas. «No tenemos trenes de alta velocidad ni una red estatal de carreteras, dependemos del barco y el avión y, como muestra, explicaré que para poder comparecer esta tarde en esta sesión he de pernoctar dos noches en Madrid o realizar diversas escalas para llegar el mismo día a Ibiza, con el coste adicional de tiempo y dinero que supone», relató en la Cámara.
Según el presidente, este hecho «anecdótico» resume realidades como que «Baleares es el territorio más caro para llenar la cesta de la compra». Además, afirmó que las exportaciones cuestan el doble a las empresas, lo que provoca una desindustrialización del territorio y una pérdida de puestos de trabajo especializados.
Sobre el Régimen Especial de Baleares (REB), Marí recordó que se ha aprobado en el Parlament un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 por incumplir el Real Decreto Ley 4/2019 de 22 de febrero, del Régimen Especial para Baleares. Según Marí, la aprobación del recurso es una «manifestación del olvido que, de manera repetida, se hace por parte de la Administración Central hacia Baleares y, a la vez, es una forma desesperada de llamar la atención, pedir que se nos escuche y que se nos reconozca el hecho insular y sus implicaciones».
Sobre la crisis actual, el presidente consideró que hay que crear confianza, lo que comienza por lograr que los trabajadores que llegan a Ibiza quieran quedarse. «Reconocer el coste de la insularidad es, sin ninguna duda, un buen primer paso para la mejora de los servicios públicos», ha añadido. Por último, señaló que el Consell ha presentado 25 proyectos al fondo de Resiliencia y Reconstrucción de Europa «encaminados a una mejora del entorno, la sostenibilidad y la implementación de un nuevo modelo energético más sostenible y limpio».
Por su parte, la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, recordó ayer que la pitiusa sur sufre mucho la estacionalidad turística. Además, recordó que la triple insularidad de la isla supone «perjuicios a la hora de viajar, de accesibilidad a los servicios básicos, de llegada de mercancías, de competitividad, de capacidad de exportación o internacionalización, dejando a una isla como Formentera, por su tamaño, población y tipología, abocada a una situación muy complicada en cuanto a diversificación económica; en este aspecto compartimos problemática con los territorios peninsulares rurales afectados por la despoblación», señaló Ferrer, quien destacó que la cesta de la compra es un 30% más cara en Formentera que en el resto de islas. A esto hay que sumar otros aspectos, como que el precio de agua desalada es de 1,96 euros, el más caro de todo el país.
La presidenta del Consell de Formentera recordó, además, el problema de vivienda que tiene la isla y el elevado precio de la misma: «El problema del precio y el acceso a la vivienda, igual que la insularidad, se triplica en nuestro caso por la configuración del territorio. Formentera no tiene periferia con lo que, por hacer un símil, está todo a precio de la Castellana», concluyó Ferrer.