El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, firmó ayer en Ibiza una serie de acuerdos con el Govern balear y el Ayuntamiento de Eivissa y la empresa pública Sepes Entidad Estatal del Suelo para el fomento de la promoción de viviendas de alquiler social asequible.
El primero de ellos, un convenio de colaboración entre el Sepe y la Conselleria balear de Vivienda, tiene como objetivo impulsar la actuación urbanizadora en el barrio de Ca n'Escandell de Vila y cuenta con una inversión estimada de 11,74 millones de euros.
En él, según explicaron desde el Ministerio, se establecen los mecanismos para la promoción, construcción, implantación y el uso de viviendas de titularidad pública para facilitar, a corto plazo, la disponibilidad de alojamientos en condiciones asequibles.
530 viviendas
La actuación en Ca n'Escandell se desplegará en una superficie de 17,3 hectáreas y permitirá albergar unas 530 viviendas protegidas, de las cuales 367 estarán incluidas en el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible.
Durante la firma del convenio se anunció que el Sepes ya había adjudicado el proyecto de urbanización y redactado el borrador del Plan Especial de Vivienda Pública. Estos documentos, según anunciaron «serán enviados en breve al Govern balear».
La redacción del citado plan especial es una herramienta normativa que la Conselleria de Movilidad y Vivienda introdujo en el Decreto ley 3/2020 de 2020, de medidas urgentes en materia de vivienda. Dicha herramienta permite el desarrollo de determinados suelos que estaban bloqueados por temas urbanísticos, como es el caso de Ca n'Escandell, y posibilitar así la construcción de vivienda pública.
En su artículo 9, el decreto ley establece la posibilidad de llevar a cabo actuaciones de transformación urbanística y edificatorias que requieren la aprobación de instrumentos de ordenación o la alteración del planeamiento vigente. Así, se pueden ejecutar con la aprobación previa de un plan o proyecto de los que prevé el decreto ley en su artículo 12 sin necesidad de adaptación previa del planeamiento urbanístico general municipal, en este caso, el PGOU de 1987.
Ábalos firmó posteriormente, junto a Josep Marí Ribas, conseller balear de Vivienda y Rafa Ruiz, alcalde de Vila, un protocolo de colaboración para fomentar la promoción de viviendas en régimen social en suelo público en la ciudad de Ibiza.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aportará financiación en la promoción de 131 viviendas en el municipio.
Ábalos confunde entre expropiación y confiscación al defender al Govern
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, confundió ayer en Ibiza entre los conceptos de expropiación y confiscación a la hora de valorar las medidas adoptadas por el Govern.
En respuesta a un periodista sobre la expropiación de viviendas a particulares en Baleares para dedicarlas al alquiler social, Ábalos destacó que en el archipiélago era una cuestión legal «y no tengo que opinar al respecto».
Sin embargo sí que opinó y, al finalizar su defensa de las actuaciones del Ejecutivo autonómico, manifestó que, a su entender, la medida adoptada por el equipo de Gobierno de Francina Armengol «no entiendo que sea una expropiación, y en este caso tengo entendido que hay compensación económica».
Justamente esa es la diferencia entre expropiación y confiscación: en la primera hay compensación económica y en la segunda no.