El puerto de Ibiza podría quedarse este verano sin la presencia de superyates al no haberse adjudicado todavía la concesión de las grandes esloras del muelle de Levante. Así lo aseguraron fuentes de Autoridad Portuaria de Baleares (APB) a Periódico de Ibiza y Formentera, que destacaron que el proceso sigue abierto en estos momentos, ya que se están analizando las propuestas presentadas y no hay una previsión de posibles plazos en este sentido.
Sin embargo, el hecho de que no se haya una adjudicación del contrato no significa que se dé totalmente por perdida la explotación de estos amarres de naves de gran eslora. Una posibilidad, según las mismas fuentes del ente portuario, es que «se pueden autorizar ocupaciones puntuales ante solicitudes de consignatarios para poder dar los servicios de atraque», con lo que no se daría totalmente por perdida la temporada alta. En todo caso, estas autorizaciones puntuales no conllevarían ningún otro beneficio concesional como la explotación de locales o similares.
A la concesión de este espacio protuario aspiran tres empresas: Marina Sa Riba, Puerto deportivo Botafoch y IGY Gestora de Marinas Spain.
Caducidad de la concesión
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) acordó sacar a concurso público la gestión de los amarres para embarcaciones de gran eslora en la dársena de Levante del puerto de Ibiza en octubre de 2020. El acuerdo de la licitación se tomó una vez que el Consejo de Estado informase favorablemente la declaración de caducidad de la concesión que ostentaba la empresa YSM Marinas y Puertos España SL, bajo la marca Sovren Marina.
Como novedad, en esta concesión se permite el atraque de embarcaciones a partir de 20 metros de eslora, en el caso de que sean de base —es decir, con una estancia mínima de seis meses al año— o bien transeúntes en temporada baja. Esta medida se toma con el objetivo de garantizar una mayor presencia de embarcaciones y potenciar así la actividad económica de la zona de la Marina durante toda la temporada.
Al igual que la anterior, esta nueva concesión comprende la gestión de 42.152 metros cuadrados de superficie —38.852 m2 de lámina de agua y 2.745 m2 de tierra— y de dos líneas de atraque, una de 240 metros en el muelle de Levante y otra de 115 metros en el lado este del Contramuelle, conocido popularmente como es Martell.
También formará parte de la concesión la planta baja del edificio de es Martell, de unos 600 metros cuadrados, que podrá ser destinada a locales comerciales para aquellas actividades autorizadas por la APB. La cubierta y las escaleras del edificio continuarán siendo de uso público como hasta ahora, al igual que la superficie del muelle, donde queda prohibida la instalación de cerramientos o mamparas que impidan el uso peatonal.
El plazo de la concesión será para un máximo de doce años y con una tasa de ocupación a mejorar de 408.019,20 euros anuales. La APB hará entrega al concesionario de las instalaciones en el estado en el que las dejó Sovren Ibiza en la fecha de la caducidad de su concesión, con obras en parte inacabadas.
Actualmente, la empresa YSM Marina y Puertos de España adeuda al organismo público un total de 5,5 millones de euros.
Los locales comerciales podrían no poder ser explotados
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) incluye en el concurso público para la explotación de puestos de amarre en la dársena de Levante los locales del edificio de es Martell para usos comerciales pese a que no puede garantizar que puedan ser explotados.
El ente portuario especifica en el apartado 1.2 del pliego de condiciones para la concesión que «se pone a disposición del concesionario para su aprovechamiento y puesta a disposición de terceros como locales comerciales, un edificio de planta rectangular y aproximadamente 600 metros cuadrados».
Dichos locales comerciales podrán ser utilizados para los usos comercial, náutico y complementario, según indica el pliego de condiciones.
Sin embargo en el apartado 2.4 del pliego de condiciones, referente a licencias y autorizaciones, la APB deja bien claro que «el concesionario deberá recabar de los organismos competentes cuantas licencias o autorizaciones sean precisas para el ejercicio de las actividades objeto de la concesión».
En caso de que finalmente la empresa concesionaria no lograra obtener los pertinentes permisos municipales en plazo por cualquier causa «no sólo no eximirá al concesionario del cumplimiento de sus obligaciones, sino que tampoco condicionará el inicio del plazo concesional e incluso podrá implicar, a juicio de la APB, la extinción de la concesión, sin derecho a indemnización a favor del concesionario».
Curiosamente, en el texto del Plan especial del Puerto de Ibiza, que se encuentra en estos momentos en proceso de tramitación, se especifica que en el edificio de es Martell se propone ubicar servicios para los usuarios de las marinas náuticodeportivas de las dársenas de Levante y Poniente. Además «se propone la limitación de implantar en el mismo, usos de restauración y comercios, con el fin de no afectar a los locales ya existentes de las calles Andanes y Lluis Tur i Palau».