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No se aceptará ningún uso portuario sin evaluación de impacto ambiental

La Comisión Balear de Medio Ambiente suplirá que no son preceptivos ciertos estudios del ‘plan de usos' del puerto de Vila exigiendo mayores controles en la tramitación del plan especial

Vista del puerto de Ibiza. | Marcelo Sastre

| Ibiza |

La Comisión Balear de Medio Ambiente no dará por bueno ningún uso que establezca la recientemente autorizada Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del puerto de Ibiza (DEUP) que no haya pasado la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Así lo aseguró ayer el presidente de este organismo, Antoni Alorda, quien desde hace años viene defendiendo tanto ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como ante la Autoridad Portuaria de Baleares que un documento como una DEUP, donde suelos rústicos y urbanos pasan a ser de uso portuario, supone un cambio muy importante en cuanto al destino final de los terrenos, lo que hace imprescindible que lleve aparejada una evaluación ambiental.

«Como la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios no ha tenido evaluación ambiental», explicó Alorda, «nosotros valoraremos el Plan Especial del Puerto de Ibiza con esta premisa, es decir, no daremos por impuesto ningún uso que establezca la DEUP que no haya estado evaluado ambientalmente», insistió el presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente.

Discrepancia
Otra cosa, según explicó, es la delimitación portuaria «porque es una cosa que la decide la DEUP, pero los usos entendemos que los establecerá estrictamente el Plan Especial» y ahí es donde tiene la última palabra la comisión medioambiental.

Alorda recalcó que «discrepo cordialmente de la decisión» adoptada por Puertos del Estado pero «lo normal es respetar el criterio del abogado del estado que ha validado esta decisión». Sin embargo, recordó que en estos momentos «hay sentencias que dicen que las DEUP tienen que pasar evaluaciones ambientales» e incluso «el propio Ministerio ha pasado estas delimitaciones por evaluaciones ambientales», en contra del criterio de Puertos del Estado, que mantiene que no tienen que pasarlas. «Es una situación que en estos momentos yo definiría como inestable», declaró Toni Alorda, «y se tendrá que decantar hacia un lado o hacia otro. La posición de la Comisión es que, por el relieve que tiene la delimitación de un puerto y las decisiones sobre sus usos, lo correcto sería que pasase una evaluación ambiental».

La Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Ibiza quedó definitivamente validada a finales de la semana pasada, aunque no entrará en vigor, según recordaron desde la Autoridad Portuaria de Baleares, hasta que se publique en el BOE, anuncio que aún no ha sido publicado.

La APB ya trabaja en la evaluación de impacto ambiental
La Autoridad Portuaria de Baleares se encuentra en estos momentos redactando la versión definitiva y elaborando el estudio ambiental del Plan Especial del Puerto de Ibiza.

Una evaluación ambiental que se está realizando en base al documento de alcance elaborado al respecto por la Comisión Balear de Medio Ambiente y en el que se pone de manifiesto que dicho documento deberá evaluar la carga que supondrá sobre el municipio de Ibiza y la isla la ejecución de las actuaciones que se deriven del plan especial, tanto sobre la población, los recursos naturales, los equipamientos y las infraestructuras, poniendo especial énfasis en el período estival.

Además, el documento de alcance insiste en el hecho de que el plan especial no valora el impacto que tendrán las actuaciones previstas en el puerto en las comunidades marinas que hay en la zona. Para ello deberá realizar una descripción detallada del tipo de fondo marino y comunidades bióticas asociadas y determinar si hay yacimientos arqueológicos que se puedan ver afectados por el cambio de usos y los nuevos proyectos.

El estudio ambiental deberá incorporar a su vez un plan de residuos que indique con claridad cómo se gestionarán, si se reutilizarán en la misma obra o dónde se verterán.
El plazo con que cuenta la APB para redactar este documento, exponerlo al público durante 45 días, hacer las consultas pertinentes y remitirlo a la Comisión es de 15 meses.

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