La representación jurídica de Casa Lola juega otra carta para mantener el complejo turístico en pie, y ya quedan pocas. En la jornada de ayer terminaba el plazo para que la propiedad de Casa Lola iniciara los trabajos de derribo de las edificaciones ilegales, en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que así lo ordena y que faculta al Consistorio para su ejecución subsidiaria. Sin embargo, la entrada de maquinaria pesada deberá esperar a que el los técnicos municipales resuelvan las alegaciones presentadas ayer por los representantes jurídicos a frente al decreto de Alcaldía.
Según explicó el Ayuntamiento, la propiedad discute en su escrito el plazo de tres semanas que se le dio tras la renuncia del despacho de abogados a ejercer la defensa y piden que el término sea de dos meses de acuerdo con lo que establece la Ley de Urbanismo de Baleares para los procesos de disciplina urbanística, una fase por la que ya pasó este procedimiento.
Por otra parte, apelan que existe «inseguridad jurídica» en el procedimiento por el hecho de que se hayan abierto dos expedientes para resolver un mismo hecho.
En cualquier caso, reclaman la nulidad de las actuaciones contra las dos empresas a las que se dirigió el decreto de Alcaldía tras la renuncia de su anterior defensa. Por una parte, respecto a la empresa Tanit SL, indican que no se ha abierto proceso sancionador contra esta empresa, por lo que no podría ser parte afectada por el procedimiento.
Respecto a la otra sociedad, Inversiones Hoteleras Faro SL, de la que es administradora única Paquita Sánchez Ordóñez, argumentan que el decreto de Alcaldía sería nulo dado que alude a unos terrenos que «nunca han sido propiedad de esta empresa».
Por parte del Ayuntamiento, «sin ánimo de prejuzgar las alegaciones», que serán estudiadas por los técnicos municipales y resueltas conforme a Derecho, quisieron puntualizar que este procedimiento se inicia en virtud de la ejecución de una resolución del Tribunal Supremo.
Las alegaciones deberán ser ahora contestadas en sentido estimatorio o desestimatorio. Si bien no existe un plazo para la resolución de estas alegaciones, el Consistorio aseguró que se actuará con la máxima celeridad.
En caso de que el sentido de la resolución fuese denegatorio de las pretensiones de la propiedad, el siguiente paso para el Consistorio será proceder a la solicitud de la autorización judicial para acceder al complejo y poder ejecutar el derribo de manera subsidiaria.
El Ayuntamiento ya dispone de un proyecto, presupuestado en 40.000 euros, para derribar todas las obras que se consideran ilegalizables, que incluyen edificaciones anexas, piscinas, terrazas o muros hasta un total de unos 2.000 metros cuadrados. El coste de la demolición será cargado a la infractora.
Con la resolución judicial del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso contra el derribo, se han podido concluir también los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y continuar con el expediente sancionador, que prevé una multa de 1,4 millones para los promotores y las empresas constructoras.