El Grupo Municipal Popular de Sant Josep exigió ayer al alcalde, Ángel Luis Guerrero, y a la Federación Socialista de Ibiza que den explicaciones sobre si creen que el primer edil puede mantener una licencia de taxi que no explota, después que el conseller balear de transportes, José Marí Ribas Agustinet, afirmara en sede parlamentaria que la abogacía del Govern veía esta situación como «incompatible».
«No puede ser que si el Govern cree que una práctica está prohibida se la dejen hacer ni más ni menos que a un alcalde de su partido», explicó el portavoz de los populares, Javier Marí, quien consideró a su vez que «Agustinet debe ser tajante: o se puede mantener una licencia de taxi en propiedad y, a la vez, un cargo político con dedicación exclusiva, o no, pero no puede insinuar que el alcalde de Sant Josep posee una licencia de taxi en fraude de ley y luego pensar que no habrá mayores consecuencias».
Por todo ello, desde las filas populares exigieron al conseller que «explique qué quiso decir en sede parlamentaria y si la situación del alcalde de Sant Josep le parece legal y ética». Además, el Partido Popular instó a Marí Ribas a que, si la ley es ambigua, «trabaje y acabe con esta ambigüedad».
«Haga sus deberes y resuelva los problemas de una Ley que afecta a una de sus dos áreas de gobierno y, lo que es más grave, a quien él mismo designó para ser su sustituto, quien también deberá dar las explicaciones que merecen todos los vecinos», insistió Marí.
Por su parte, los representantes en Ibiza de la Agrupación de Taxis de la FEBT defendieron la adaptación de las diferentes ordenanzas y reglamentos municipales de auto taxi a la ley balear 4/2014 para evitar situaciones como las que están sucediendo en la isla a la hora de regular la transmisión y prestación del servicio de auto taxi según pertenezca la licencia a uno u otro municipio, considerando que debe establecerse la libre explotación de la licencia por su titular, sin exclusividad.
En el comunicado, el colectivo ha reiteró la necesidad de establecer un marco jurídico y administrativo que regule la prestación de servicios de transporte público urbano y de viajeros que se presten íntegramente en municipios de Baleares y que determine su coordinación con el transporte interurbano y recoja las particularidades del territorio balear.