El Ayuntamiento de Sant Josep ha desestimado el recurso de reposición presentado contra la orden de demolición del establecimiento turístico ilegal conocido como Casa Lola.
Según informó el Consistorio este viernes en una nota de prensa, el alcalde, Ángel Luis Guerrero, ha firmado un nuevo decreto para informar a la propiedad que el Ayuntamiento asume la ejecución forzosa de la orden de restablecimiento de la legalidad dictada en agosto. Una vez finalice el nuevo plazo, la Corporación enviará los medios técnicos necesarios para proceder a la restitución urbanística.
En el decreto, se concreta que será el 13 de diciembre cuando comparecerán los técnicos municipales para proceder a la demolición de las obras irregulares, según la sentencia judicial del caso. Los operarios irán acompañados de Policía Local.
El alcalde ha valorado la «exhaustividad» del informe jurídico, que basa la desestimación de los argumentos de la representación legal de la propiedad y los rechaza punto por punto.
Demolición
El Ayuntamiento prevé ejecutar la demolición de manera subsidiaria y el coste será reclamado después a la promotora. Dicho precio puede ascender a 275.000 euros.
Si el día 13 la propiedad niega la entrada al complejo turístico, deberá solicitarse una autorización judicial para poder entrar. En este sentido, el primer edil expresó su confianza en que los juzgados sean rápidos en conceder la entrada, más teniendo en cuenta que se trata de dar cumplimiento a una sentencia ratificada en el Supremo.
Según recordaron desde el Ayuntamiento, en el complejo se ejecutaron obras sin licencia vulnerando la protección del suelo. Entre otras cosas, se construyó una piscina y una terraza anexa al edificio principal o un depósito de agua, así como ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada de 933 metros cuadrados.
Una vez se cierre el expediente de restablecimiento de la legalidad, seguirá la tramitación del expediente sancionador contra la propiedad, puesto que las obras están consideradas como infracción grave.
El procedimiento se dirige contra la promotora y contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción de 1,4 millones, además del coste de la demolición, si el Ayuntamiento debe asumirlo.
Esta casa no causa ninguna molestia , lo uncí que hace es traer a esta isla grandes fortunas , que gastan como si no hubiera un mañana . Que le pongan una multa y le legalicen . Que solo sabéis apoyar a cuatro piojosos de los pepe . La envidia es muy mala