Las asociaciones Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS) y Sociedad Civil Balear (SCB) presentarán esta semana una demanda ante la Justicia con el fin de acabar con el sistema de inmersión lingüística en los centros educativos de las Islas.
Lo harán aprovechando el golpe que el Tribunal Supremo acaba de dar a la inmersión lingüística en Cataluña, obligando a que se cumpla una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad (TSJC) que fija que al menos el 25% de la enseñanza debe impartirse en castellano.
El presidente de PLIS, Josep Ignasi Aguiló, explicó ayer, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, que el objetivo de esta demanda es «dejar claro que hay que cumplir las leyes». Y, en el caso de la educación y según señala la sentencia del TSJC, cualquier sistema que no ofrezca un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano estará tratando esta lengua como si fuera extranjera.
Algo que no respeta la Constitución, que, en su artículo 3, establece que el castellano es el idioma oficial de España y que cuenta con el mismo carácter en las comunidades que tienen una lengua propia, como es el caso de Cataluña o Baleares.
«Aunque hay excepciones», explicó Aguiló, «la realidad es que en Baleares no se contempla el castellano como lengua vehicular y tampoco se cumple el 25%. Lo que queremos es que se cumpla la normativa española y que se respeten los derechos de las personas».
Educación eficaz
El presidente de PLIS recordó que entre estos derechos está «recibir una educación pedagógicamente eficaz». Y esto choca con la inmersión en catalán. «Lo que buscamos recurriendo a la Justicia», afirmó, «es tener una buena convivencia y que las familias puedan decidir en qué lengua quieren educar a sus hijos».
De un modo similar se pronunció el presidente de SCB, Tomeu Berga, quien recordó que, junto a PLIS, denunciaron en 2020 que los proyectos lingüísticos de 291 centros educativos de Baleares «son ilegales y están fuera de la norma». Analizaron 370 de estos proyectos y remitieron por la vía administrativa requerimientos a los directores de los 291 centros en los que no se respetaba el papel del castellano en la educación.
«Ningún director nos ha respondido», lamentó ayer Berga, quien también indicó que las dos asociaciones fueron «muy rigurosas» a la hora de analizar estas normativas escolares.
Amparo de la Justicia
Poco después, el TSJC se pronunció sobre la inmersión en Cataluña y ambas entidades decidieron esperar a ver qué decisión adoptaba el Tribunal Supremo. Una instancia que ha rechazado el recurso presentado por la Generalitat, con lo que da luz verde a frenar la desaparición del castellano de la educación en esa comunidad. Y ha sido esta decisión la que ha llevado a PLIS y a SCB a acelerar en su decisión de buscar el amparo de la Justicia para acabar con la misma situación en Baleares.
Tanto Aguiló como Berga confirmaron que lo más probable es que la demanda sea presentada esta semana, aunque aún quedan algunos «detalles» por concretar. Finalmente, ambos dejaron también claro que el objetivo de esta decisión es acabar con una situación claramente perjudicial para la sociedad.