La investigación que ha abierto la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares por presuntas irregularidades en el proceso de vacunación de Can Misses no inquieta a la Conselleria de Salud. Según ha podido saber este periódico, esta denuncia ya ha sido presentada ante la Fiscalía de Ibiza.
Según explicaron el jueves desde Salud, esta denuncia está basada en los mismos términos e idénticas circunstancias que la investigación que ya realizó Anticorrupción el pasado mes de mayo en relación a la vacunación de altos cargos de la Comunidad Autonóma. En el caso concreto de la denuncia de Can Misses, se acusa directamente a «determinadas personas que ostentan cargos públicos y que, saltándose el orden de vacunación y de prioridad fijados por normas estatales y autonómicas, fueron ilegalmente vacunadas».
En este sentido, la denuncia se formula contra Héctor Martín, director de Gestión y Servicios Generales del Área de Salud Pitiusa (ASEF); Hilario Díaz, subdirector de Gestión; y Xavier Comes, responsable del servicio de Asesoría Jurídica del ASEF por la «presunta comisión por los mismos de delitos de cohecho y delito de tráfico de influencias».
La denuncia también está interpuesta contra Carmen Santos, gerente del Área de Salud; Noelia Azqueta, directora de Enfermería; así como contra Yolanda Ferrer, subdirectora del mismo departamento; y Pedro Campillo, delegado sindical de UGT en Can Misses. Desde Salud explicaron ayer que, tras conocer esta denuncia sobre la vacunación en Can Misses, remitieron de nuevo los listados de personas que fueron vacunadas a principios de este año. Explicaron que se siguieron las directrices de Sanidad en cuanto al orden de vacunación, que era sanitarios y no sanitarios de primera línea y que ahí entraron, por ejemplo, limpiadoras o bien personas de mantenimiento.
Cabe recordar que la denuncia que ha llegado a la Oficina Anticorrupción habla de que había 12 listados alternativos, además de la lista de Servicios Centrales, y que en estos listados figuraban personas ajenas al sector sanitario pitiuso, como dos médicos domiciliados en Valencia, una enfermera jubilada hace un año o empleados de las empresas concesionarias de cafetería, lavandería y limpieza. Desde Salud afirmaron ayer que, tras entregar la información a la Oficina Anticorrupción, no se les ha requerido ningún dato más.