Cinco de las seis viviendas ubicadas en Ibiza que el Govern balear incluyó en el primer expediente de expropiación de uso por llevar cerradas más de dos años y pertenecer a grandes tenedores (propietarios de 10 viviendas o más) pasarán a formar parte del parque de vivienda pública durante los próximos siete años. El director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, Eduardo Robsy, anunció el jueves la culminación de este primer expediente tras nueve meses desde la firma de la orden de inicio.
El director general destacó: «El procedimiento ha culminado cumpliendo los objetivos marcados: una parte de las 56 viviendas incluidas ya están en manos del Govern y pronto se incorporarán temporalmente al parque de viviendas públicas; otras han sido adquiridas por parte del Govern en el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, y otras han sido alquiladas o vendidas por los propietarios. Es decir, han dejado de ser pisos vacíos. Este era nuestro objetivo».
En concreto, a nivel balear serán 16 viviendas las que el Govern expropie temporalmente y otras seis las ha comprado a través del derecho de tanteo y retracto que fija la Ley de Vivienda en caso de compraventa de inmuebles entre grandes tenedores. «Adicionalmente, 21 de estas viviendas han pasado a manos de particulares, es decir, los grandes tenedores las han alquilado o las han vendido, con lo cual también se ha recuperado esta función social de las viviendas», explicó Robsy.
Las viviendas restantes no cumplían el requisito de llevar desocupadas durante un periodo continuado de dos años, lo que se ha demostrado por parte de los propietarios durante el desarrollo del expediente y, por tanto, quedaron fuera del procedimiento.
Una opción para los Don Pepe
En Ibiza, las expropiaciones temporales de las seis propiedades se han realizado a las empresas Global Pantelaria, Divarian Propiedad, Inversiones Inmobiliarias Limara y Promontoria Coliseum Real Estate. Dos se encuentran en Santa Eulària, dos en Sant Antoni y la quinta en Ibiza. En el expediente también había otra vivienda en Sant Antoni que la empresa Aliseda vendió, según indicaron desde la Conselleria.
El precio medio que se pagará en Ibiza a los propietarios en concepto de justiprecio es de 490 euros al mes. Por debajo del precio de mercado, pero casi el doble que el precio medio a nivel de Baleares, que se sitúa en los 276 euros mensuales.
La Conselleria de Vivienda contempla la posibilidad de adjudicar estas viviendas a familias desalojadas de los Apartamentos Don Pepe, si bien se trata de una medida en estudio. Recordó que la Ley de Vivienda permite que el Ibavi adjudique de manera preferente viviendas sociales en casos excepcionales como puede ser el desalojo de familias vulnerables.
El director general se mostró satisfecho del resultado en Ibiza, dado que, a pesar de ser la isla que contaba con menos viviendas en el expediente (seis por las 27 de Mallorca y las 23 de Menorca), proporcionalmente es donde más efectivo se ha sido para disponer de nuevos alquileres sociales.
Recordó que la norma tiene una doble función: por un lado incentivar la rehabilitación y salida al mercado de la cartera de viviendas que los grandes tenedores mantenían desocupadas, tanto en régimen de alquiler como de compraventa para recuperar así su función social y por otro incorporar viviendas vacías al parque público de alquiler social. En el caso de Menorca son ocho las nuevas viviendas que gestionará el Ibavi y en Mallorca son tres.
Respecto a cuándo se podrán adjudicar en régimen de alquiler las viviendas expropiadas en Ibiza, Robsy informó de que en todas es necesario hacer algunas reformas, por lo que calculó un plazo aproximado de seis meses.
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