El concejal de Unidas Podemos en Santa Eulària, Óscar Rodríguez, no considera que existan paralelismos entre los desalojos del complejo turístico Punta Arabí y el caso de los vecinos del edificio Don Pepe. Por lo tanto, la postura de la formación a la hora de defender a unos y otros no tiene que ser la misma.
En Sant Josep Unidas Podemos forma parte del equipo de gobierno municipal, firme defensor del desalojo de los Don Pepe al entender que existe un riesgo para los vecinos.
«Entiendo que son casos muy diferentes. En uno de ellos se considera que hay un edificio en estado de ruina. Los vecinos opinan que no; se está siguiendo un proceso y en las últimas semanas los tres niveles de la Administración (Govern, Consell y ayuntamiento) están trabajando para arreglar el asunto. Lo que está pasando en Punta Arabí es un caso muy diferente porque existe un presunto delito de usurpación que puede solventarse por la vía judicial y sin usar tácticas intimidatorias», insistió Rodríguez.
El concejal reconoció la preocupación de su partido por si la actuación de Desokupa en Punta Arabí «está rozando la legalidad», recordando que en otros lugares estos profesionales han sido demandados por intimidación. También consideró que «hay una serie de vías que podrían haberse aplicado en vez de enviar a una empresa de este tipo».
«Como está la Policía ahí, tratan de dar una imagen de legalidad en su actuación», insistió Rodríguez, lamentando que, al mismo tiempo, se produce una situación «intimidatoria» para los residentes en el complejo.
«Habría que actualizar protocolos para que, con su actuación, la Policía no acabe ayudando a este tipo de empresas que, antes o después, deberán regularse porque se aprovechan de vacíos legales para llevar a cabo su actividad», señaló Rodríguez.
Sobre la petición del tercer teniente de alcalde de Santa Eulària, Toni Ramón, de exigir una reforma legislativa para combatir la ocupación ilegal, el concejal de Unidas Podemos explicó que, si alguien se marcha de vacaciones y le ocupan su vivienda habitual, se está hablando de un allanamiento de morada y el desalojo es prácticamente inmediato. El caso de Punta Arabí debe considerarse como una usurpación, con penas de multa siempre que no se hayan registrado episodios violentos.
«Normalmente, en estas situaciones suele haber un problema social en el que deben actuar los servicios sociales», concluyó.