Los vecinos desalojados del Don Pepe observaban ayer indignados las acusaciones del Ayuntamiento de Sant Josep al Consell d'Eivissa. Sobre todo porque, como dijo su portavoz, Silvia Hernández, «el Consell ha sido el primero en poner el dinero sobre la mesa». «De las ayudas que prometieron el Ayuntamiento y el Govern», añadió, «no sabemos nada».
Hernández lanzó duras críticas contra la clase política en general. Sin embargo, fue especialmente incisiva en el caso de los gobernantes de Sant Josep. Así, acusó a la concejala de Bienestar Social de Sant Josep, Guadalupe Nauda, de desconocer todo lo relacionado con el reparto del dinero insular entre los afectados a pesar de que será este departamento el que tendrá que llevarlo a cabo. «¿No tiene autoridad en su concejalía?», se preguntó, «¿por qué tiene que decidir sobre este tema el alcalde?».
Silvia Hernández también exigió no convertir a los afectados «en arma arrojadiza política». «Sentimos que nos están utilizando», lamentó, «y parece que no se dan cuenta de que las personas son más importantes que los partidos. La vocación de ayudar no tiene ideología». Por eso alabó el papel que está jugando el Consell d'Eivissa en esta situación, al que agradeció que «desde el principio» ha intentado «ayudar y no ha sacado rédito político del apoyo que nos está dando».
La portavoz de los vecinos recordó que se reunió con Nauda a finales de diciembre y que le indicó que las ayudas del Consell debían repartirse siguiendo tres criterios: no tener en cuenta la situación económica de cada propietario; no exigir empadronamiento, y que el dinero pueda destinarse «a cualquier gasto derivado del desalojo». Sin embargo, esto no parece haber quedado claro y Hernández recordó que, además, hay vecinos como los de las escaleras 1 y 2, desalojados en 2020, que son «los grandes olvidados de las ayudas».
Siguen a la espera
Así las cosas, los afectados siguen esperando el dinero para poder empezar a poner cierto orden en sus cuentas después de un desalojo forzoso y que consideran a todas luces injustificado. Mientras tanto, no han parado en los frentes técnico y jurídico. Cuentan ya con cinco informes técnicos que niegan que el inmueble esté en ruina y preparan un recurso contencioso administrativo. Todo con el fin de recuperar sus propiedades y obtener del Ayuntamiento una licencia que les permita acometer, pagando de su bolsillo, la reforma del edificio. «Nos da vergüenza ajena y sentimos una gran indignación», concluyó Silvia Hernández, no sin antes añadir: «Nosotros no queremos vivir de ayudas.
Queremos que ahora nos den este dinero para los gastos que nos ha ocasionado el desalojo y, sobre todo, queremos una licencia para poder arreglar el edificio y volver a nuestras casas. A esta gente les pagamos por trabajar y resulta que dedican su tiempo y esfuerzo a sacar rédito político de nuestro drama. No tienen ninguna empatía».