El protocolo que en la pasada legislatura firmaron en dos ocasiones, una en Madrid y otra en Ibiza, el Ministerio del Interior, el Govern balear, el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Ibiza para al construcción de 120 viviendas en el solar de la Comisaría, está a punto de caducar sin que, hasta el momento, las partes implicadas hayan alcanzado un acuerdo.
Así lo aseguró ayer el Partido Popular de Ibiza, que instó al Govern balear a que «eleve de una vez» a la «categoría de convenio» el protocolo firmado hace tres años con el Gobierno central para al construcción de estas viviendas «con el fin de dar cobertura a los funcionarios destinados en la isla y, al tiempo, dotar de vivienda pública a precios asequibles a las familias que más lo necesitan».
Según advirtió el diputado popular al Congreso, Miguel Jerez, «al protocolo firmado en febrero de 2019 le queda tan sólo un año de vigencia» por lo que, de no materializarse en este período, «su firma habrá sido una gran mentira».
Tres años
Jerez recordó que, merced a este protocolo, se iban a construir 120 viviendas. El Ministerio del Interior se encargaba de poner la parcela y el Govern de construir las viviendas. «Han pasado tres años y no se han puesto de acuerdo de cómo lo van a ejecutar, ni cómo se lo van a repartir, ni qué precio tendrán, ni cuántas van destinadas a funcionarios y cuántas a vivienda social. Tres años más perdidos. Tres años de retroceso en materia de vivienda pública en Ibiza», puntualizó el diputado del PP.
Asimismo, subrayó que los presupuestos autonómicos no contemplan ninguna partida para ejecutar la obra, por lo que «todo apunta a que, entre los dos gobiernos socialistas, van a dejar caducar el acuerdo».
Por su parte el vicepresidente del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, puntualizó que «la participación del Consell en este acuerdo depende de cómo se resuelva la negociación entre el Ministerio y el Govern. Cuando nos presenten el proyecto y pongan precio a las viviendas, ya estaremos en condiciones de abordar la firma de un convenio».
Desde el Govern balear manifestaron que el protocolo que se firmó en su momento establecía unos criterios y unas condiciones «que ahora mismo no están vigentes ya que ha habido un cambio de criterio por parte del Ministerio». Señalaron a su vez que continúan las negociaciones «para llegar a un acuerdo con las nuevas condiciones».
Asimismo, insistieron en que «el Consell d'Eivissa no ha dicho qué importe se compromete a poner, un elemento clave para ver la viabilidad del proyecto».
Este periódico preguntó ayer al Ministerio del Interior, sin éxito, sobre el estado en que se encuentra este protocolo.
El apunte
Interior quiere ahora alojamiento dotacional y no vivienda protegida
El cambio de criterio del Ministerio del Interior que mantiene paralizado el convenio para la construcción de 120 viviendas en el solar de la Comisaría es, según explicó el Govern balear «que ya no quiere vivienda protegida sino alojamiento dotacional». Donde más se ha desarrollado esta figura es en el País Vasco, y consiste en recursos residenciales de entre 25 y 60 metros cuadrados, con instalaciones y servicios comunes, y de obligado carácter rotatorio, diseñados para una o dos personas. Los pisos fueron anunciados en 2017.
Desde la Conselleria balear de Movilidad y Vivienda ya anunciaron en noviembre del año pasado que, ante la intención por parte del Ministerio de variar lo que se firmó el 27 de febrero de 2019 en el protocolo de actuaciones entre Gobierno, Govern, Consell d’Eivissa y Ayuntamiento de Ibiza, «es necesario garantizar el equilibrio patrimonial entre el suelo que aporta el Ministerio», una finca de 8.447,03 metros cuadrados, «y el coste de la construcción que deberá realizar el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), además de los importes que deba aportar el Consell».