El Pleno de Sant Antoni aprobó ayer por unanimidad iniciar el proceso de recuperación administrativa de un inmueble okupado de propiedad municipal, situado en Can Miquel d'en Pareta, en Sant Mateu.
Las personas que usurparon la propiedad tienen tres días hábiles desde la notificación del acuerdo de Pleno. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento procederá a ejecutarlo a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, trasladando el coste de la medida a los desalojados.
La vivienda fue okupada ilegalmente el 20 de marzo de 2021 aprovechando que estaba vacía, según denunció a la Guardia Civil el propio concejal Joan Torres. Su propietario había fallecido y dejó en herencia el inmueble al Ayuntamiento. Sin embargo, en aquel momento todavía no se había producido la aceptación de la herencia.
Los informes de la Policía Local indican que en la vivienda se han celebrado varias fiestas clandestinas de las que se obtenía lucro y que provocaron quejas vecinales por las molestias de ruido que generaban.
El portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, consideró la medida «una muy buena noticia», dado que las personas que habitan esta vivienda «son personas que se aprovechan de la situación administrativa». Pidió, además, que en el momento en que se recupere la propiedad del inmueble se contrate seguridad privada para el inmueble hasta que se le dé un uso.
El concejal de Unidas Podemos, Fernando Gómez, también defendió el desalojo de «unas personas que se lucran y realizan actividades ilícitas en la propiedad»