La Policía Local de Sant Antoni acudió este sábado a la casa okupada ‘Can Miquel de Pareta’, en Sant Mateu, para comprobar si sus ocupantes habían cumplido el plazo de 24 horas que le dio el Ayuntamiento para que procedieran al desalojo voluntario.
Los agentes constataron que no habían procedido a abandonar la vivienda, por lo que este lunes el Consistorio solicitará al juzgado una orden para proceder al desalojo forzoso del inmueble.
El pleno de Sant Antoni aprobó el pasado mes de febrero por unanimidad iniciar el proceso de recuperación administrativa de la casa okupada.
Las personas que usurparon la propiedad tenían tres días hábiles desde la notificación del acuerdo de pleno para desalojarla voluntariamente. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento procedería a ejecutarlo a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, trasladando el coste de la medida a los desalojados.
La vivienda fue okupada ilegalmente el 20 de marzo de 2021 aprovechando que estaba vacía, según denunció a la Guardia Civil el propio concejal Joan Torres. Su propietario había fallecido y dejó en herencia el inmueble al Ayuntamiento. Sin embargo, en aquel momento todavía no se había producido la aceptación de la herencia.
Los informes de la Policía Local indican que en la vivienda se han celebrado varias fiestas clandestinas de las que se obtenía lucro y que provocaron quejas vecinales por las molestias de ruido que generaban.
Desde la oposición se solicitó que, una vez recuperado el inmueble, se contrate seguridad privada para su vigilancia hasta que se le dé un uso.