El Ayuntamiento de Sant Josep ha desistido de continuar las conversaciones con la promotora Bastiodón S.L, con la que había firmado un convenio para la construcción de 12 villas de lujo en Port de Can Nebot, en Cala Vedella, porque «se da prioridad a cerrar con el Consell d'Eivissa las bases de la suspensión del planeamiento en el municipio, en la que forzosamente se debe dejar fuera cualquier cambio de los parámetros urbanísticos».
Así lo confirmaron ayer fuentes municipales a este periódico al preguntarle por el estado en que se encontraban las alegaciones presentadas por particulares, el Grup d'Estudis de la Naturalessa (GEN) y Ciudadanos, entre otros, al convenio firmado con la citada promotora por el Consistorio para la construcción de estos inmuebles.
Y es que, más de un año y medio después, el Ayuntamiento de Sant Josep todavía no ha contestado a dichas alegaciones porque, en principio, se estaba a la espera del informe jurídico para resolverlas. Un informe que se encargó en octubre de 2020 a un gabinete jurídico externo, ya que, según informó el por aquel entonces concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, «la administración no tiene suficiente personal para resolver todos los procedimientos que se plantean en los tiempos adecuados».
Alegaciones
En total se presentaron nueve escritos de alegaciones contra el convenio, siete de personas físicas y dos de personas jurídicas por, entre otras cosas, contravenir algunos artículos de la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares, por impedir el acceso público a las casetas varadero de la zona, para que se revise la caducidad de la licencia y para plantear la nulidad del convenio.
El convenio entre el Ayuntamiento de Sant Josep y la promotora Bastiodón S.L pretende que una licencia concedida en el año 2005 para la construcción de 61 apartamentos pase a convertirse ahora en una licencia para la construcción de 12 villas de lujo con sus respectivas piscinas.
El primero de los proyectos, que jamás llegó a iniciarse, preveía la edificación de 12.875 metros cuadrados mientras que el acordado por la empresa y la administración ocuparía únicamente una superficie de 7.600 metros cuadrados.
El problema radica en que el Ayuntamiento debería haber decretado la caducidad del permiso tras haber transcurrido el tiempo sin que se haya ejecutado ningún trabajo y, sobre todo, sin que la empresa haya solicitado una prórroga del mismo.
En marzo de 2008 la empresa que tenía los derechos de la construcción de los 61 apartamentos, Zomote, solicitó una prórroga de 12 meses, la mitad del plazo de ejecución de la licencia. Prórroga que fue concedida en diciembre de 2009. Las obras tendrían que haber acabado en diciembre de 2010, cuando en realidad no habían empezado todavía.
Pese a todo, el Ayuntamiento decidió en 2016 otorgar una nueva prórroga de la licencia, que en ningún momento había sido solicitada, y en febrero de 2017 la junta de gobierno decidió archivar el expediente de caducidad de la licencia, que incomprensiblemente seguía viva desde 2005 sin que se hubiera puesto ni un solo bloque del proyecto primigenio.