El Govern balear confirmó ayer que está estudiando recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que exonera al Consell d´Eivissa y al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja de tener que indemnizar a los afectados por la desclasificación y anulación de licencias en Benirrás. El Ejecutivo tiene un mes de plazo para presentar el recurso.
El Govern deberá también calcular y presentar en estos próximos 30 días la deuda legítima que mantiene con los propietarios de las parcelas. Éstos solicitan indemnizaciones que superan los 170 millones de euros.
Desde el Ejecutivo autonómico aseguraron ayer que no van a especular con las cifras a abonar puesto que una cosa es lo que puedan pedir los promotores y, otra muy diferente, lo que se termina pagando en el caso de una sentencia condenatoria, recordando además que los intereses varían en función del tiempo transcurrido y que no todas las resoluciones judiciales acaban suponiendo una indemnización del Govern hacia los afectados.
En el caso de Benirrás, según señalaron, la sentencia no es firme y las posibles indemnizaciones serán calculadas en sede judicial.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, volvió a referirse ayer a la decisión del TSJB, manifestando que «era algo que esperábamos, si uno cree en la Justicia». El primer edil reiteró que en Sant Joan siempre se actuó «con mucha seguridad y bien asesorados» en la concesión de licencias, por lo que el Govern cometió una «grave injusticia» contra los propietarios de los terrenos desclasificados.
Marí reconoció que, en caso de tener que pagar el ayuntamiento las indemnizaciones, se hubiera producido una situación «muy grave e injusta». Cabe recordar que las cantidades que reclaman los afectados, más de 170 millones de euros, suponen 14 veces el presupuesto anual de un consistorio como el de Labritja.
«El Ayuntamiento ha actuado siempre conforme a ley. Han sido los diferentes gobiernos de la Comunidad Autónoma los que han ido dictando leyes exprés y a medida para dejar sin efecto y paralizar el desarrollo de los terrenos de Benirrás. La sentencia no podía ser de otra manera», consideró el edil.
El alcalde aseguró que en incontables ocasiones trató de contactar con el Govern para buscar una solución pactada entre las partes, aunque desde el Ejecutivo «en ningún momento se han avenido a negociaciones de ningún tipo y los vecinos, estoy seguro que hubieran aceptado rebajas de edificabilidad u otras cuestiones».
Según criticó Marí, los grupos ecologistas y proteccionistas quisieron «vender» que se iba a «destruir Benirrás», algo que «en ningún momento» se pretendió.
Sobre el posible recurso del Govern, Marí mostró su tranquilidad porque la sentencia del lunes «ya constata la realidad de unos hechos». «Es una sentencia muy razonada, elaborada y estudiada», añadió también.
Desde Sant Joan recordaron que la mayoría de afectados son pequeños propietarios que pudieron invertir todos sus ahorros en la compra de las parcelas. «Se sentían indignados y perjudicados», concluyó.
El PSOE responde
La Federació Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) expresó ayer su defensa hacia las medidas de protección territorial impulsadas por los gobiernos progresistas de Baleares. La portavoz socialista en Ibiza, Pilar Costa, manifestó que la sentencia de Benirrás «confirma que las políticas del PP de desprotección y de licencias exprés sólo sirven para enriquecer a unos pocos a costa del conjunto de la ciudadanía».
Costa dijo también que el coste económico «disparatado» de esta protección se debe a la «irresponsabilidad del PP» al otorgar esas licencias exprés.
La portavoz criticó que los esfuerzos para proteger el territorio se han visto perjudicados «por culpa de un PP que, siempre que ha legislado, ha actuado para ayudar a los especuladores, lo que acaba costando muy caro a la ciudadanía».
La socialista se preguntó además qué hubiera pasado con otras zonas ahora protegidas como ses Salines o Cala d´Hort «si no hubieran gobernado los progresistas»y recordó que el origen de la sentencia se halla en unas parcelas a las que en 2007 se concedió una licencia urbanística después de filtrarse en medios de comunicación que iba a aprobarse en Benirrás una inminente moratoria.
La respuesta del PP
Contestando a estas críticas, desde el PP de Ibiza consideraron que, con la sentencia, al final «la Justicia ha puesto al Govern donde corresponde». También denunciaron que, para los progresistas, todo pasa por decretos ley sin valorar las posibles consecuencias económicas o administrativas. «Podían haberse sentado con los propietarios y llegar a acuerdos», concluyeron.
En Baleares, la factura del Govern en cuanto a indemnizaciones por proteger el territorio supera los 321 millones de euros, a los que pueden sumarse ahora los más de 170 millones para los propietarios de Benirrás.