La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 74 años de prisión a una mujer de nacionalidad nigeriana por integrar un entramado que captaba a compatriotas en precarias condiciones económicas, algunas menores, mediante «la falsa promesa de una vida mejor» en Europa para después obligarlas a prostituirse. Algunas de estas mujeres fueron explotadas sexualmente en Ibiza.
Según informó ayer Efe, se trata de la pena más alta acordada por el tribunal en una sentencia que condena asimismo a 24 y 4 años de prisión a otros dos acusados, también nigerianos, pero que no castiga a las líderes de la red, dos mujeres que, junto con otros encausados, no llegaron a sentarse en el banquillo al encontrarse en paradero desconocido.
De los 24 acusados que recoge la sentencia, 14 llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconocieron los hechos a cambio de una reducción en su petición de condena, dos han sido absueltos y cinco están en rebeldía.
Falsas promesas
Los hechos ocurrieron al menos desde el invierno de 2014, cuando la red comenzó a captar en Nigeria a jóvenes, incluso menores de edad, en situación económica precaria. Las engañaban con «la falsa promesa de conseguir una vida mejor en Europa» e incluso las sometían a rituales de vudú para «restringir su voluntad».
En su traslado hasta España, en varias ocasiones las víctimas viajaban en patera o en una «pequeña embarcación» con un motor defectuoso junto a medio centenar de personas «hacinadas» y «sin chalecos salvavidas», hasta el punto de que algunas tuvieron que ser rescatadas por las autoridades italianas y trasladadas a la isla de Lampedusa en 2015.
Una vez en España, eran obligadas a residir en domicilios de miembros de la red, principalmente en Fuenlabrada o Humanes (Madrid) o en Castellón, aunque también forzaban a las víctimas a trasladarse a Ibiza, donde eran obligadas a ejercer la prostitución.
En estas localizaciones eran obligadas a ejercer la prostitución y a entregar a la trama las ganancias hasta que pagaban lo que fijaban las dos principales responsables, huidas, bajo la amenaza de que, si no lo hacían, morirían ellas y su familia.
La sentencia relata algún caso en el que, al llegar a España, la víctima fue trasladada a un centro de internamiento de extranjeros (CIE) y acogida por distintas ONGs, motivo por el que la red no consiguió su propósito de obligarla a prostituirse.
La condena más alta ha recaído en Janet E., alias Sylvia o Blessing. De 29 años y en situación irregular en España, según la sentencia, «recibía indicaciones de las responsables del entramado» y «controlaba los movimientos, el horario y el ejercicio coactivo de la prostitución por parte de las víctimas, recaudaba el dinero obtenido y se lo hacía llegar» a las líderes.