Ni se ha hecho, ni se hará una auditoría a la campaña de vacunación contra la COVID de Baleares, tal y como acordaron los socios del Govern Balear para zanjar el conflicto surgido por la inoculación del suero de varios altos cargos, en el primer día de la campaña, cuando apenas había dosis para proteger a la población vulnerable.
Salud explica que, en su defecto, ha facilitado todos los datos a la Oficina de Anticorrupción, que investiga por su cuenta, y da así el tema por zanjado. Sin embargo, el acuerdo suscrito en marzo de hace un año con los socios de Govern pasaba por formalizar una Comisión Ética que encomendaba un auditoría una vez se hubiera vacunado al 70 % de la población, el verano pasado. Su función era verificar que los protocolos establecidos se cumplieron adecuadamente y, a su vez, dar una propuesta alternativa al rechazo en el Parlament para crear una comisión no permanente de investigación.
Nuevo expediente
La Comisión Ética concluyó en septiembre que los altos cargos vacunados antes de que les correspondiera habían vulnerando el código ético y faltado a su compromiso de actuar con integridad pero nunca se dijo que la investigación de Anticorrupción suplantaría a la auditoría. Es más, el expediente que debía valorar si hubo privilegios en el acceso al suero entre altos cargos de la administración en un momento de alarma social se archivó al excederse los plazos de tramitación, y hace dos meses se dio por caducado.
Sin embargo, una semana después, la dirección en funciones de Anticorrupción rectificaba y abría un nuevo expediente alegando que los hechos investigados no prescribían.
Y los hechos fueron que el 27 de diciembre de 2020, cuando llegaron los 165 primeros sueros para la COVID a las Islas, se vacunaron la por entonces directora insular de Gente Mayor del Consell de Mallorca, Sofía Alonso; la subdirectora de Atención a la Cronicidad de la Conselleria de Salud, Angélica Miguélez, así como cargos del hospital Can Misses yel que fuera el primer coordinador de la campaña de vacunación en las Islas, Carlos Villafáfila.
Posteriormente se puso en duda la idoneidad, por los mismos motivos, de la vacunación de varios gerentes de hospitales públicos.
En su día, se defendió que los cargos de Salud y otras figuras políticas de las Islas entraban en el protocolo aprobado por el Ministerio, se trataba de una medida de aprovechamiento de las vacunas una vez abierto el vial.